El Gobierno del Reino Unido ha anunciado una de las medidas más duras de Europa contra el acceso de menores a las redes sociales. El Ejecutivo de Keir Starmer prepara una prohibición para que los menores de 16 años no puedan usar una parte importante de las plataformas sociales, dentro de un paquete más amplio de protección infantil en internet.
La propuesta llega tras meses de debate público sobre el impacto de las redes en la salud mental, la exposición a desconocidos y el diseño adictivo de algunas aplicaciones. La idea central es sencilla, pero difícil de aplicar: fijar una edad mínima real y obligar a las empresas tecnológicas a comprobarla con sistemas más eficaces que los actuales.
Una prohibición inspirada en Australia, pero con más alcance
El plan británico toma como referencia el modelo australiano, que ya impuso restricciones a menores de 16 años en varias redes sociales. Sin embargo, Londres quiere ir más lejos. Además de limitar el acceso a plataformas sociales, el Gobierno estudia restricciones en chats de videojuegos, servicios de retransmisión en directo y funciones que facilitan el contacto entre menores y desconocidos.
¿Qué puede cambiar para una familia en la práctica? Un adolescente de 15 años no solo tendría más difícil abrir o mantener una cuenta en una red social, sino que también podría ver bloqueadas ciertas funciones de interacción dentro de juegos o aplicaciones con componentes sociales.
El Gobierno también ha planteado posibles límites para menores de 18 años, como la reducción del uso nocturno de determinadas funciones, especialmente aquellas asociadas al desplazamiento infinito de contenidos o a dinámicas que fomentan pasar más tiempo conectado.
Las plataformas que podrían verse afectadas
Las redes señaladas son, en principio, las mismas que ya han sido objeto de restricciones en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. La lista puede variar según la definición final de la norma y la evaluación que hagan las autoridades británicas sobre cada servicio.
El foco no estará solo en el nombre de la aplicación, sino en sus funciones. El Gobierno quiere actuar sobre herramientas que puedan facilitar contactos no deseados, exposición a contenidos dañinos o patrones de uso intensivo. Ese matiz será clave, porque muchas plataformas ya no encajan en una categoría simple: una red social puede tener mensajería, vídeo en directo, recomendaciones algorítmicas y espacios de comunidad al mismo tiempo.
WhatsApp queda fuera del núcleo de la prohibición
WhatsApp no aparece entre las plataformas principales afectadas por la prohibición de redes sociales, al considerarse un servicio de mensajería con usos distintos, incluidos algunos de valor educativo o familiar. Aun así, el debate no desaparece: las autoridades británicas también quieren revisar funciones concretas de comunicación cuando puedan poner en riesgo a menores.
Esta distinción será importante para evitar que la norma bloquee herramientas usadas a diario por familias, centros educativos o grupos de actividades. No es lo mismo una aplicación pensada para publicar contenido a desconocidos que un servicio de mensajería utilizado para coordinar deberes, entrenamientos o avisos escolares.
Verificación de edad: el gran desafío
La medida abre una pregunta inevitable: ¿cómo se comprueba la edad de millones de usuarios sin invadir su privacidad? Ese será uno de los puntos más delicados de la aplicación. Las plataformas tendrán que demostrar que adoptan medidas razonables para impedir el acceso de menores, pero los sistemas de verificación pueden generar dudas sobre protección de datos, identificación digital y tratamiento de información sensible.
El Gobierno británico defiende que la intervención es necesaria porque las medidas voluntarias de las tecnológicas no han sido suficientes. La consulta pública realizada antes del anuncio mostró un respaldo muy amplio entre los padres: nueve de cada diez apoyaron fijar en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales.
Una norma con apoyo social, pero difícil de ejecutar
La prohibición puede tener impacto político y tecnológico. Para Starmer, supone colocar la protección de los menores en el centro de la agenda digital. Para las empresas, implica asumir más responsabilidad sobre el diseño de sus productos, no solo sobre sus contenidos.
También habrá críticas. Algunos expertos advierten de que una prohibición estricta puede empujar a los adolescentes hacia espacios menos regulados o fomentar el uso de identidades falsas. Otros consideran que la edad mínima debe ir acompañada de educación digital, acompañamiento familiar y mayor transparencia sobre los algoritmos.
Lo que sí parece claro es que el Reino Unido quiere enviar un mensaje firme: la seguridad infantil en internet deja de depender solo de controles parentales y pasa a convertirse en una obligación directa para las plataformas. La batalla ahora estará en los detalles técnicos, los plazos y la capacidad real de hacer cumplir una norma que puede marcar el rumbo de la regulación digital en Europa.
