Canadá quiere poner límites más duros al uso de internet por parte de niños y adolescentes. El Gobierno ha llevado al Parlamento un proyecto de ley de seguridad digital que plantea prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, salvo en aquellas plataformas que cumplan estándares específicos de protección.
La propuesta coloca al país en un debate que ya se extiende por otras economías avanzadas: cómo proteger a los menores sin dejar toda la responsabilidad en manos de las tecnológicas. La cuestión ya no se limita a cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. También apunta a qué tipo de productos digitales consumen, cómo se diseñan y qué impacto pueden tener sobre su bienestar.
La norma canadiense llega en un momento en el que gobiernos, familias y expertos presionan para revisar el papel de las grandes plataformas. Redes sociales, vídeos cortos, algoritmos de recomendación y ahora chatbots de inteligencia artificial forman parte del mismo ecosistema de atención. Y Canadá quiere regularlo con una mirada más amplia.
Chatbots de IA, también bajo la lupa
El proyecto no se queda en las redes sociales. También incluye la regulación de chatbots de inteligencia artificial, una de las principales novedades frente a otras iniciativas centradas solo en plataformas sociales.
La ley prevé la creación de un regulador digital encargado de fijar estándares de seguridad para estas herramientas. Ese organismo tendría la misión de establecer qué requisitos deben cumplir las empresas para operar con menores y qué mecanismos de protección deben aplicar.
Este punto amplía el alcance de la propuesta. Canadá no solo quiere impedir que los niños entren en determinadas plataformas. También busca que los servicios digitales más utilizados, desde redes sociales hasta sistemas conversacionales de IA, estén sujetos a reglas de seguridad más claras.
El ministro canadiense de Identidad y Cultura, Marc Miller, ha defendido que estas plataformas pueden afectar al desarrollo saludable de los jóvenes y relacionarse con problemas como ansiedad, aislamiento, depresión y otros retos de salud mental. Según el enfoque del Ejecutivo, el objetivo es favorecer un entorno digital más seguro y recuperar espacio para la relación presencial, la concentración en la escuela y el aprendizaje de habilidades fuera de internet.
Multas de hasta el 3% de los ingresos globales
El proyecto incluye sanciones importantes para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones. Las multas podrían alcanzar el 3% de los ingresos globales de la compañía o 10 millones de dólares canadienses, unos 7,2 millones de dólares estadounidenses. Se aplicaría la cantidad más elevada.
El mensaje para las tecnológicas es claro: no bastará con publicar políticas de seguridad o controles parentales poco visibles. Las compañías tendrían que demostrar que cumplen los estándares fijados por el futuro regulador digital.
La norma, aun así, no tendrá un recorrido inmediato. Responsables del Gobierno explicaron en una sesión técnica que el proyecto podría tardar hasta un año en aprobarse. Después, la creación del regulador digital podría requerir otros 18 meses una vez superado el trámite parlamentario. Ese calendario muestra la dificultad del proceso. Canadá quiere actuar sobre un mercado que cambia con rapidez, pero la maquinaria legislativa avanza a otro ritmo.
El caso OpenAI añade presión al debate
La presentación de la ley llega semanas después de que familias afectadas por uno de los peores tiroteos masivos de Canadá demandaran a OpenAI. Según la acusación recogida en la demanda, la compañía habría sabido que el presunto autor estaba planificando el ataque a través de ChatGPT y no habría alertado a la policía.
OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El caso ha añadido presión política a una discusión que ya venía creciendo: qué responsabilidad deben asumir los desarrolladores de IA cuando sus herramientas interactúan con usuarios vulnerables o en situaciones de riesgo.
La expansión de los chatbots ha sido muy rápida. Millones de personas los usan para estudiar, trabajar, informarse o conversar. Pero esa adopción masiva también ha abierto preguntas sobre seguridad, supervisión y límites, especialmente cuando hay menores implicados.
Google y Meta estudian el nuevo escenario
Las grandes plataformas ya han empezado a reaccionar. Google, propietaria de YouTube, trasladó que está dispuesta a trabajar con el Gobierno federal para elevar los estándares de seguridad en todas las plataformas y dar más confianza y control a las familias.
Meta, matriz de Facebook e Instagram, señaló que comparte el objetivo de ofrecer experiencias online seguras y positivas para los jóvenes. Aun así, indicó que está evaluando los detalles de la Ley de Seguridad Digital. X, la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter, y Snapchat no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La respuesta de las tecnológicas será clave. Un marco de este tipo puede obligarlas a revisar sistemas de verificación de edad, controles de acceso, diseño de producto y mecanismos para detectar riesgos. Para las grandes plataformas, el reto no será solo legal. También será técnico y reputacional.
Canadá busca ir más allá del modelo australiano
La iniciativa canadiense llega después del movimiento de Australia, que en diciembre se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Un mes después de la presentación de su ley, las compañías de redes sociales desactivaron en conjunto cerca de 5 millones de cuentas de adolescentes.
Otros países también se mueven en esa dirección. Francia, Dinamarca y Polonia estudian endurecer las reglas sobre el uso de redes sociales por parte de menores. Grecia anunció en abril que prohibirá el acceso a estas plataformas a los menores de 15 años a partir de enero de 2027.
La diferencia canadiense estaría en el enfoque. Brett Caraway, profesor asociado de la Universidad de Toronto especializado en tecnología y privacidad, considera que la propuesta de Canadá sería más completa que la ley australiana porque implicaría obligaciones más complejas para las plataformas.
Según su análisis, Australia se centra principalmente en restringir el acceso. Canadá, en cambio, pretende empujar cambios dentro del propio ecosistema digital para hacerlo más seguro desde el diseño.
Una ley ambiciosa con recorrido político incierto
El futuro de la norma dependerá ahora del Parlamento canadiense. El primer ministro Mark Carney cuenta con una mayoría estrecha y la cámara se acerca al receso de verano, lo que añade presión al calendario político.
Si el proyecto avanza, Canadá podría situarse entre los países con una de las regulaciones más ambiciosas sobre menores, redes sociales e inteligencia artificial. La clave no estará solo en bloquear el acceso a ciertas plataformas, sino en obligar a las tecnológicas a demostrar que sus productos incorporan seguridad real desde su diseño.
