El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre el papel de los algoritmos de las redes sociales en la exposición de menores a contenidos nocivos, después de recibir la queja de un padre cuya hija, con antecedentes de autolesiones e intento de suicidio, recibía de forma reiterada publicaciones relacionadas con prácticas suicidas en X.
La actuación, impulsada por la institución dirigida por Ángel Gabilondo, busca conocer qué medidas están aplicando las administraciones públicas para prevenir los posibles efectos perjudiciales de determinados contenidos recomendados por las plataformas digitales a usuarios menores de edad.
Una denuncia que pone el foco en los algoritmos
Según la información trasladada por el Defensor del Pueblo, el caso parte de la situación de una menor que recibía de manera constante contenido sobre autolesiones en la red social X. Antes de acudir a la institución, el padre denunció estos hechos ante la propia plataforma, pero la compañía rechazó retirar las publicaciones al considerar que no vulneraban la legalidad.
El problema señalado por el Defensor no se limita al acceso inicial a este tipo de contenidos. La institución advierte de que, una vez que un menor consulta publicaciones peligrosas o se incorpora a grupos donde se difunden prácticas de riesgo, el algoritmo puede reforzar esa exposición al recomendar de forma automática más contenido similar.
Ese mecanismo, según la institución, puede aumentar la vulnerabilidad de los menores y exponerlos a riesgos graves para su integridad física e incluso para su vida.
Petición de información a Telecomunicaciones, Sanidad y Fiscalía
Para aclarar qué mecanismos existen ante este tipo de casos, el Defensor del Pueblo ha solicitado información a tres organismos: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado.
A Telecomunicaciones le pide detalles sobre las actuaciones previstas para evitar que los menores sigan recibiendo contenidos nocivos a través de redes sociales. También quiere saber si existe un canal eficaz para comunicar estas situaciones a las plataformas tecnológicas, solicitar la retirada de publicaciones y controlar futuras recomendaciones similares.
Al Comisionado de Salud Mental, la institución le reclama información sobre la existencia de medios de asistencia inmediata para menores y familiares, especialmente cuando necesiten orientación sobre cómo actuar ante una exposición reiterada a contenidos relacionados con autolesiones o suicidio.
En el caso de la Fiscalía, el Defensor quiere conocer qué acciones penales se han emprendido en hechos de este tipo y si las empresas que gestionan redes sociales cumplen las medidas ordenadas por los órganos judiciales.
El caso llega en pleno debate sobre menores y redes sociales
La investigación se produce mientras el Congreso debate la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una norma que plantea elevar de 14 a 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales.
El Gobierno ha situado esta medida entre sus prioridades para 2026 y prepara una aplicación móvil orientada a verificar la edad de los usuarios. El objetivo sería impedir el acceso de menores de 16 años a estas plataformas.
La propuesta se inspira en el modelo de Australia, donde se prohibió el uso de plataformas digitales a menores de 16 años bajo amenaza de multas elevadas para las compañías tecnológicas. Sin embargo, los primeros informes del regulador australiano apuntan a un obstáculo relevante: buena parte de los adolescentes que ya utilizaban redes como Instagram, TikTok o Snapchat habría mantenido el acceso mediante redes privadas virtuales, identidades falsas u otras herramientas de anonimización.
Las tecnológicas recelan del control de edad
El debate promete ser intenso si la ley avanza en el Congreso. Las principales patronales tecnológicas cuestionan el enfoque del Gobierno y consideran que un sistema generalizado de verificación puede resultar desproporcionado para los adultos.
El sector defiende alternativas más flexibles, basadas en la concienciación digital, las herramientas de control parental y medidas menos intrusivas para los usuarios. Frente a esa postura, la investigación del Defensor del Pueblo vuelve a situar una pregunta clave en el centro del debate: quién debe actuar cuando un algoritmo empuja a un menor hacia contenidos que pueden poner en riesgo su vida.
