Google ha cerrado un acuerdo de 68 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva en Estados Unidos vinculada a su asistente de voz. El litigio sostenía que el sistema habría grabado conversaciones privadas sin consentimiento y que parte de esos datos se habría utilizado con distintos fines, incluida la segmentación publicitaria. El caso se resuelve sin que la compañía admita responsabilidad legal.
La demanda alegaba intercepción no autorizada de comunicaciones confidenciales y la posible transmisión de información a terceros. Según el planteamiento, estas prácticas se habrían producido sin que los usuarios fueran plenamente conscientes, un punto clave que impulsó la acción judicial y el acuerdo económico.
Activaciones involuntarias y control del usuario
Uno de los ejes del proceso fueron las activaciones involuntarias. En estos episodios, el asistente se habría activado y comenzado a grabar audio sin que el usuario pronunciara intencionadamente la palabra de activación. Algunas de esas capturas incluirían conversaciones privadas, lo que elevó la preocupación sobre el control real de los dispositivos inteligentes.
El caso también señalaba que la información obtenida en esas circunstancias podría haberse empleado para publicidad dirigida y otros usos. Ese punto intensificó el debate sobre los límites del tratamiento de datos sensibles en sistemas de inteligencia artificial orientados al consumidor.
Un patrón que se repite en las grandes tecnológicas
La resolución encaja en un contexto más amplio de presión legal sobre los asistentes de voz. En 2021, Apple acordó 95 millones de dólares para cerrar una demanda similar relacionada con Siri y grabaciones sin activación clara por parte del usuario.
Google, además, ha afrontado otros frentes en materia de privacidad. En 2023 alcanzó un acuerdo de 1.400 millones de dólares con el estado de Texas para resolver dos demandas por presuntas vulneraciones de la legislación estatal de protección de datos.
Claves del caso
- 68 millones de dólares para cerrar la demanda sin admisión de culpa.
- Grabaciones no intencionadas como foco principal del litigio.
- Uso potencial de datos para publicidad y otros fines.
- Mayor escrutinio regulatorio sobre productos de IA de consumo.
Este nuevo acuerdo vuelve a situar la gestión de la privacidad en el centro del debate sobre la inteligencia artificial. Con la expansión acelerada de los asistentes digitales, reguladores, tribunales y usuarios observan con más atención cómo se recogen y utilizan los datos en el día a día.
