La relación entre menores y redes sociales ha entrado de lleno en el debate político con respaldo científico. Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han participado en un informe que ya está en manos de los grupos parlamentarios y que apunta a un cambio de enfoque: avanzar hacia un modelo de seguridad por diseño en las plataformas digitales para proteger la salud psicológica de niños y adolescentes.
El trabajo forma parte del Informe C: Redes sociales y menores, elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) con el apoyo de un panel de 21 expertos. El documento parte de una idea clave y poco complaciente: saber usar una pantalla no implica saber protegerse en ella. La habilidad técnica no garantiza ni criterio ni seguridad.
En ese panel han participado tres investigadores vinculados a la UNIR: Joaquín González-Cabrera, investigador principal del grupo de Ciberpsicología; Juan Manuel Machimbarrena, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del mismo grupo; y Beatriz Feijoo Fernández, profesora de la Universidad Villanueva e investigadora del grupo Comunicación y Sociedad Digital (COYSODI). Su aportación ha sido central para identificar cómo y por qué determinados perfiles de menores son más vulnerables en el entorno digital.
El informe analiza de forma detallada los factores de riesgo. Entre los más relevantes aparecen un uso superior a dos horas diarias, el tramo de edad entre los 11 y los 15 años, el género femenino, un nivel socioeconómico bajo o la ausencia de redes de apoyo social. No actúan de forma aislada. Combinados, incrementan la exposición a dinámicas dañinas, como la presión social constante o la dependencia de la validación online.
Las conclusiones, ya presentadas a los grupos parlamentarios, insisten en huir de respuestas simples. Medir solo el tiempo frente a la pantalla ofrece una imagen incompleta. El informe propone analizar también el tipo de interacción, el contexto personal del menor y las consecuencias reales que ese uso tiene en su vida cotidiana, desde el descanso hasta las relaciones personales.
Para sustentar estas conclusiones, los expertos revisaron cerca de 400 estudios científicos. Uno de los datos más claros es que en España el acceso a redes sociales es prácticamente universal a partir de los 11 años. Sin embargo, esa normalización no se traduce en una competencia digital crítica. Muchos menores saben manejar interfaces, pero no identificar riesgos, interpretar algoritmos o entender por qué ciertos contenidos se repiten sin parar.
Aquí cobra peso el concepto de uso problemático, delimitado con la aportación de los investigadores de la UNIR. El informe subraya que no basta con contar horas. Importa:
- Qué contenidos se consumen
- Cómo se interactúa con ellos
- En qué momento vital se produce ese uso
- Si existen consecuencias negativas, como ansiedad, alteraciones del sueño o descenso del rendimiento escolar
Uno de los apartados más contundentes aborda el modelo de negocio de la atención. El documento explica cómo los algoritmos de gratificación refuerzan conductas repetitivas y pueden aprovechar la vulnerabilidad neurobiológica de los adolescentes. No se trata solo de educación digital, sino de estructuras diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia.
Ante este escenario, el informe es claro: la protección de los menores no puede recaer únicamente en familias y escuelas. El peso también debe asumirlo el diseño de las plataformas y el marco normativo que las regula. De ahí la propuesta de implantar protocolos de seguridad por diseño y por defecto, que obliguen a crear entornos seguros desde el inicio y limiten patrones que fomentan el consumo compulsivo.
En el ámbito educativo, el documento propone avanzar hacia modelos de resiliencia digital. El objetivo no es solo aprender a usar tecnología, sino desarrollar habilidades para gestionar la identidad digital, la presión social y el bienestar emocional. ¿Quién educa hoy más, el aula o el algoritmo? La pregunta sobrevuela el informe y marca un debate que el Congreso ya no puede esquivar.
