La deducción del IRPF vinculada a la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional volverá a dejar al margen a pensionistas y personas en situación de desempleo en 2026. No es una novedad, pero sí un cambio de escala. El número de afectados crecerá de forma significativa y superará el millón de pensionistas, a los que se suman parados que cobran prestaciones en una franja de ingresos similar a la de los trabajadores beneficiados por la medida.
Durante los años 2022, 2023 y 2024, el incremento del SMI fue acompañado por una subida del mínimo exento del IRPF. El objetivo era claro: evitar que los trabajadores con salarios más bajos pagaran impuestos por sus ingresos. Ese umbral pasó de 14.000 euros anuales en 2022 a 15.876 euros, cifra que se mantiene desde 2024 y que se aplica por igual a todos los contribuyentes, con independencia de su situación laboral.
El giro llegó en 2025. En lugar de elevar el mínimo exento, el Ministerio de Hacienda optó por crear una deducción específica dirigida exclusivamente a los trabajadores con ingresos inferiores al SMI. Pensionistas y desempleados quedaron fuera de ese esquema y el diseño previsto para 2026 mantiene la misma lógica. La consecuencia es una ampliación del trato desigual entre contribuyentes con rentas similares.
Según las estimaciones disponibles, al menos 1.000.312 pensionistas quedarían excluidos de la deducción pese a percibir ingresos equiparables a los de los trabajadores que sí se beneficiarán de ella. Se trata de personas que cobran pensiones contributivas y cuyos ingresos mensuales se sitúan en un rango muy próximo al salario mínimo.
El contexto de esta medida es la propuesta de subida del SMI presentada a principios de mes por el Ministerio de Trabajo. El departamento liderado por Yolanda Díaz planteó un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales. Desde Trabajo se trasladó que Hacienda avala que el salario mínimo quede libre de tributación y que lo previsible es repetir la fórmula aplicada el año anterior, basada en una deducción específica.
De acuerdo con los cálculos de la economista y asesora fiscal del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Raquel Jurado, la deducción alcanzaría los 591 euros anuales, repartidos entre la cuota estatal y la autonómica. Ese beneficio fiscal se aplicaría únicamente a quienes obtengan rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral, lo que deja fuera de forma automática a pensionistas y desempleados, aunque sus ingresos estén en el mismo nivel.
La deducción, además, no se limita al salario mínimo. Su diseño contempla una aplicación progresiva que se extiende hasta salarios de 20.049 euros brutos anuales, equivalentes a 1.432 euros al mes. En la práctica, esto amplía la franja en la que los trabajadores no tributan mientras otros contribuyentes con ingresos equivalentes sí lo hacen.
Con la nueva subida del SMI, la horquilla afectada se ensancha. Si hasta ahora comprendía ingresos de entre 15.876 y 18.276 euros anuales, pasará a incluir todas las rentas situadas entre 15.876 y 20.049 euros. Ese desplazamiento explica que cerca de 367.000 pensionistas más se incorporen a la lista de afectados respecto al año anterior.
Según la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Seguridad Social, existen al menos 1.000.312 personas que cobran prestaciones contributivas y perciben entre 1.150 y 1.405 euros mensuales. La cifra real podría ser superior, ya que no se desglosa el número exacto de perceptores en el tramo comprendido entre 1.134 y 1.150 euros, donde se sitúa el salario mínimo vigente.
La exclusión también alcanza a los parados que cobran prestaciones dentro de ese mismo rango. Aunque el Ministerio de Trabajo no ofrece datos desagregados por cuantía, la deducción no se aplicará a quienes perciban entre 1.134 y 1.432 euros mensuales por desempleo. Esto incluye a perceptores de la prestación máxima con uno o ningún hijo. Todos ellos cobran por encima de la media, situada en 1.029 euros mensuales.
El debate se produce en paralelo a la negociación del SMI con los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo preveía cerrar un acuerdo sin el respaldo de la patronal, mientras exploraba fórmulas para compensar el impacto del salario mínimo en los contratos públicos sin modificar la ley. Desde el ámbito empresarial se advierte de la dificultad de hacerlo sin cambios normativos, una complejidad que Hacienda también reconoce.
En este escenario, Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha pedido que la no tributación hasta el SMI se extienda a pensionistas y desempleados. Su argumento es que las pensiones y las prestaciones por paro también se consideran rentas del trabajo y que estos colectivos mantienen las mismas obligaciones fiscales. Además, reclaman un acuerdo estable que evite que cada subida del SMI vuelva a abrir una brecha en el IRPF.
La decisión final marcará el alcance real de la medida en 2026. La pregunta es sencilla y cada vez más incómoda: ¿puede justificarse un trato fiscal distinto para contribuyentes con ingresos prácticamente idénticos?
