La salida de los hermanos Escribano de Indra marca un giro importante en la batalla empresarial y política que rodea a una de las compañías más estratégicas del sector defensa en España. Ángel y Javier Escribano han vendido el 14,3% que mantenían en el grupo a través de Advanced Engineering & Manufacturing, una operación valorada en torno a 1.300 millones de euros y que cierra, de facto, una etapa de tensión dentro del accionariado.
La operación fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y llega apenas unas semanas después de la dimisión de Ángel Escribano como presidente de la empresa. La secuencia deja pocas dudas sobre el rumbo que han tomado las negociaciones alrededor de la compañía: primero la salida de la presidencia y ahora la desinversión total.
Con este movimiento, la familia Escribano desaparece del mapa accionarial relevante de Indra. También pierde su representación en el consejo de administración. La compañía confirmó la dimisión “firme e irrevocable” de Javier Escribano como consejero dominical tras la venta completa de la participación.
La salida pone fin a una presencia que había crecido con rapidez. EM&E entró en Indra en mayo de 2023 con un 3,4% del capital. Meses después elevó su posición al 8% y, finalmente, alcanzó el 14,3% en diciembre de 2024, convirtiéndose en el principal accionista privado de la tecnológica española. Parte de esa posición estaba estructurada mediante derivados financieros ligados a JPMorgan Chase.
El mercado reaccionó con optimismo. Las acciones de Indra cerraron la jornada con una subida cercana al 5%, hasta situarse en 52,34 euros.
El conflicto que aceleró la salida
Detrás de la operación hay un elemento clave: la posible venta de Escribano Mechanical & Engineering, conocida como EM&E. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que controla el 28% de Indra y actúa como principal accionista público, llevaba semanas presionando para resolver lo que consideraba un conflicto de interés.
El Gobierno entendía que Ángel Escribano no podía mantenerse al frente de Indra mientras avanzaban las conversaciones para una eventual integración de su empresa familiar dentro del grupo. Ese debate acabó precipitando su dimisión durante la pasada Semana Santa.
Ahora, con la venta del 14,3%, el camino queda mucho más despejado para reactivar esa operación corporativa. ¿El objetivo? Construir un gran grupo nacional de defensa capaz de ganar tamaño en un momento en el que Europa acelera el gasto militar y busca reforzar su autonomía estratégica.
El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ya dejó entrever hace unos días que las conversaciones podrían retomarse si desaparecían los obstáculos que bloquearon el proceso anterior. Según explicó ante analistas tras la presentación de resultados trimestrales, la operación no salió adelante porque los propietarios de EM&E retiraron la oferta.
Fuentes cercanas a la compañía consideran que la integración sigue teniendo lógica industrial. Indra busca crecer para consolidarse como actor principal del sector defensa europeo, especialmente en áreas como vehículos militares, electrónica avanzada y sistemas de combate.
La valoración de EM&E sigue siendo el gran escollo
Aunque el clima político parece haberse relajado, todavía queda una cuestión decisiva: cuánto vale realmente EM&E y cómo podría financiarse la compra.
Indra arrastra niveles de deuda que dificultan una adquisición completamente en efectivo. Eso obliga a plantear fórmulas mixtas con intercambio de acciones. Y ahí aparecía otro problema para el Ejecutivo: si los Escribano conservaban su 14,3% y además recibían nuevos títulos de Indra como parte del pago, podían terminar superando la participación de la SEPI.
Esa posibilidad fue una línea roja para el Gobierno durante toda la negociación.
La venta de la participación elimina ese riesgo y reduce la presión política alrededor de la operación. También facilita que la SEPI mantenga el control efectivo de una compañía considerada estratégica para los intereses del Estado.
El Gobierno mueve ficha en Indra
Tras la salida de Ángel Escribano, el Ejecutivo respaldó el nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de Indra. La votación salió adelante por un margen mínimo: ocho votos favorables frente a seis abstenciones que, en la práctica, equivalían a un rechazo.
Paradójicamente, los propios Escribano facilitaron ese nombramiento con su apoyo. El gesto fue interpretado dentro del sector como una señal de distensión con el Gobierno después de meses de fricciones.
La relación entre EM&E y el Estado sigue siendo especialmente sensible. La empresa participa junto a Indra en algunos de los mayores programas militares actualmente en marcha en España, incluidos proyectos de artillería para el Ejército de Tierra valorados en más de 7.240 millones de euros.
Rheinmetall pierde fuerza como posible comprador
La venta de la participación en Indra también enfría otro escenario que había generado preocupación en el entorno político: la posible entrada de un grupo extranjero en EM&E.
Entre las opciones que habían circulado aparecía Rheinmetall, uno de los gigantes europeos del sector armamentístico. Sin embargo, cualquier operación de este tipo tendría que enfrentarse al llamado escudo antiopas, el mecanismo con el que el Gobierno puede bloquear o condicionar inversiones extranjeras en empresas estratégicas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reforzado ese sistema de control durante los últimos años y lo ha utilizado en operaciones relacionadas con energía, telecomunicaciones y transporte.
Con los Escribano fuera del capital de Indra, el tablero cambia de nuevo. Y todo apunta a que la próxima gran batalla ya no será por el control de la tecnológica, sino por definir quién liderará el nuevo mapa industrial de la defensa española.
