España se parece cada vez más a un país de sueldos pegados al Salario Mínimo Interprofesional. La nómina de 1.221 euros mensuales se ha convertido ya en la más frecuente de la economía, según un estudio de la Fundación Civismo sobre el impacto del SMI entre 2020 y 2026.
El dato resume un cambio profundo en el mercado laboral. Uno de cada ocho trabajadores cobra en torno al salario mínimo y casi uno de cada cuatro se mueve en una franja que llega hasta un 25% por encima. Es decir, una parte creciente de los asalariados depende directamente de las decisiones futuras sobre el SMI.
La subida ha sido especialmente intensa desde 2018. En ese año, el salario mínimo se situaba en 735,9 euros mensuales. En 2026 alcanza los 1.221 euros, lo que supone un aumento del 66%. El objetivo de estas subidas era mejorar los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos, pero el informe advierte de un efecto añadido: el SMI ha dejado de ser una referencia limitada a la base del mercado laboral y ha pasado a condicionar una parte mucho más amplia de la estructura salarial.
Según la Fundación Civismo, en 2018 solo el 3,5% de los trabajadores percibía ingresos equivalentes al 100% del SMI. En 2023 ese porcentaje subió al 7,4% y en 2024 alcanzó el 12,7%. En la práctica, uno de cada ocho asalariados se sitúa ya alrededor del salario mínimo.
El fenómeno no se queda ahí. El estudio señala que el 22,8% de los afiliados cobra hasta un 25% por encima del SMI. Esta franja es clave porque incluye salarios que, aunque no coinciden exactamente con el mínimo legal, quedan muy cerca de él. Cualquier nueva subida puede afectar a estos trabajadores y a las empresas que los emplean.
Un mercado laboral más comprimido
El informe identifica una clara compresión salarial. Los sueldos más bajos han crecido, pero los inmediatamente superiores no han avanzado al mismo ritmo. Eso reduce la distancia entre categorías profesionales y puede hacer que perfiles con distinta formación o experiencia acaben percibiendo salarios muy parecidos.
Los datos recopilados a partir de estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apuntan en esa dirección. Entre 2018 y 2023, el primer decil salarial registró una mejora real del 13,5%, mientras que el segundo creció un 3,7%. En el resto de la distribución, los incrementos fueron inferiores al 2%.
La consecuencia es clara: la diferencia entre los salarios más bajos y los tramos inmediatamente superiores se ha estrechado. Esto puede beneficiar a quienes estaban en la base de la escala salarial, pero también genera tensiones en puestos que antes tenían una mayor prima por experiencia, responsabilidad o cualificación.
¿Para qué estudiar si la diferencia salarial se reduce demasiado? La pregunta es incómoda, pero el informe la plantea de forma indirecta. Según la Fundación Civismo, esta evolución puede debilitar el llamado efecto señal de la educación. Si estudiar más o adquirir una cualificación adicional no se traduce en una mejora salarial clara, la rentabilidad económica de invertir en formación pierde fuerza.
A largo plazo, el estudio advierte de que esta dinámica podría afectar al capital humano y a la productividad. No porque la formación deje de ser valiosa, sino porque el mercado puede enviar señales menos claras sobre su recompensa salarial.
Jóvenes, mujeres y extranjeros, los más expuestos
La extensión del SMI también ha cambiado el perfil de los trabajadores afectados. Los jóvenes siguen siendo el grupo con mayor incidencia, pero el fenómeno ya no se concentra solo en quienes empiezan su vida laboral.
Entre los trabajadores de 16 a 25 años, la incidencia alcanza el 19,5%. En el tramo de 26 a 35 años, la intensidad del SMI ha pasado del 3,9% al 5,2%. Entre los empleados de 36 a 45 años, prácticamente se ha duplicado.
Las mujeres presentan una exposición mayor. Representan el 61% de los beneficiarios potenciales del SMI y la incidencia entre las asalariadas llega al 12,4%, frente al 6,3% registrado entre los hombres.
También los trabajadores extranjeros aparecen más afectados. En este colectivo, la incidencia pasa del 8,2% en 2023 al 15,2% en 2026, casi el doble que entre los asalariados españoles. El salario mínimo se ha convertido así en una referencia especialmente relevante para los colectivos con mayor vulnerabilidad laboral.
Menos creación de empleo, según el informe
La Fundación Civismo sitúa otro punto sensible sobre la mesa: el posible impacto de las subidas del SMI en el empleo. El estudio estima que los incrementos acumulados durante los últimos años han podido contribuir a la destrucción o no creación de hasta 174.000 puestos de trabajo.
La cifra procede de sumar impactos estimados por distintos organismos para las principales subidas del periodo analizado. La AIReF calculó que el incremento del 22,3% aprobado en 2019 redujo la creación de empleo entre 40.000 y 65.000 afiliados. Para la subida de 2023, del 8%, estimó un efecto de entre 55.000 y 85.000 afiliados, en un momento en el que el número de trabajadores afectados ya era mucho mayor.
El ajuste, según el informe, no se produce principalmente mediante despidos masivos. La vía más habitual es otra: las empresas contratan menos, renuevan menos contratos temporales y retrasan nuevas incorporaciones.
De hecho, el 21% de las empresas reconoce haber reducido la contratación por las subidas del salario mínimo. En las compañías donde más de la mitad de la plantilla cobra el SMI, ese porcentaje se eleva hasta el 43%.
Los jóvenes vuelven a aparecer como uno de los colectivos más vulnerables. Para quienes tienen menos experiencia o menor cualificación, un coste laboral más alto puede dificultar la entrada al mercado de trabajo. El informe sostiene que este efecto se nota especialmente en los primeros empleos, donde la productividad inicial suele ser más baja.
Las microempresas, bajo más presión
El impacto también varía según el tamaño de la empresa. Las microempresas son las más expuestas. Según la Fundación Civismo, en negocios con menos de diez empleados la probabilidad de que un trabajador continúe empleado tras las subidas del SMI es 5,1 puntos inferior a la observada en compañías no afectadas.
El sobrecoste acumulado desde 2018 por cada trabajador afectado por el salario mínimo asciende a 6.791 euros anuales si se tienen en cuenta salarios y cotizaciones sociales. Para una gran compañía puede ser una presión asumible. Para una tienda de barrio con pocos empleados, el margen de maniobra es mucho menor.
El informe añade que más de 23.000 microempresas han desaparecido en los últimos cinco años. Mientras el empleo asalariado en las grandes compañías aumentó un 27,8% desde 2018, en las microempresas apenas creció un 0,9%. La brecha entre grandes empresas y pequeños negocios se ha ensanchado.
También se observan cambios en la calidad del empleo. La rotación laboral ha aumentado tanto en contratos temporales como indefinidos. En los temporales, la tasa de rotación pasó del 3,84% al 4,32%. En los indefinidos, la probabilidad de que el contrato siga vigente un año después cayó del 52,5% al 48%.
Salarios al alza con productividad estancada
El estudio introduce un último elemento de fondo: la productividad. España mantiene una productividad por hora trabajada un 14% inferior a la media de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el salario mínimo español, medido en poder adquisitivo, supera en más de un 10% la media comunitaria entre los países que cuentan con esta figura.
Para la Fundación Civismo, esta divergencia representa uno de los principales riesgos a medio plazo. Los salarios ganan peso mientras la productividad apenas avanza. La productividad por trabajador se mantiene en niveles similares a los de finales de 2019 y acumula casi seis años sin mejoras significativas.
El informe reconoce que la política de subidas del SMI ha elevado los ingresos de los trabajadores situados en la base salarial. Sin embargo, advierte de que su alcance se ha ampliado hasta convertir el salario mínimo en una pieza central del mercado laboral español.
El debate, por tanto, ya no gira solo en torno a cuánto debe subir el SMI. También afecta a cómo se ordenan los salarios, cómo contratan las empresas, qué margen tienen los pequeños negocios y qué incentivos ofrece el mercado a la formación y la productividad. España ya no tiene el SMI como una referencia marginal: lo tiene en el centro de su estructura laboral.
