Las grandes plataformas digitales vuelven a estar bajo la lupa de Bruselas. Google, Meta y TikTok han sido denunciadas por organizaciones europeas de consumidores por su presunta falta de eficacia a la hora de frenar anuncios vinculados a estafas financieras dentro de sus servicios.
La reclamación ha sido presentada ante la Comisión Europea y varias autoridades nacionales por la Organización Europea de Consumidores, BEUC, junto con 29 entidades miembro de 27 países. Entre ellas aparecen las españolas ASUFIN y CECU. El caso se apoya en la Ley de Servicios Digitales, la normativa comunitaria que obliga a las grandes plataformas a actuar con más diligencia frente a contenidos ilegales o dañinos.
Casi 900 anuncios sospechosos en varios países europeos
Según BEUC, las organizaciones analizaron las políticas publicitarias de las compañías en 13 países europeos y detectaron casi 900 anuncios sospechosos de incumplir la legislación de la UE entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
De acuerdo con los datos aportados por los grupos de consumidores, solo se habría retirado el 27% de los anuncios denunciados, mientras que el 52% de los avisos fue rechazado o directamente ignorado.
Las cifras también muestran diferencias entre plataformas. Tras recibir las notificaciones, Google eliminó el 60% de los anuncios reportados, Meta retiró el 43% y TikTok actuó sobre el 23%. Para los denunciantes, estos porcentajes reflejan una respuesta desigual ante un problema que puede tener consecuencias económicas graves para los usuarios.
La DSA aumenta la presión sobre las grandes tecnológicas
La denuncia acusa a las plataformas de no cumplir de forma adecuada sus obligaciones bajo la Digital Services Act, conocida como DSA. Esta norma exige a los grandes servicios digitales reducir riesgos sistémicos, reforzar sus sistemas de moderación y responder con mayor eficacia cuando se detectan contenidos potencialmente ilegales.
Para BEUC, el problema no se limita a anuncios aislados. La organización considera que las plataformas no retiran con suficiente rapidez los contenidos fraudulentos y tampoco reaccionan con la contundencia necesaria cuando son alertadas por terceros.
El director general de BEUC, Agustín Reyna, defendió que la falta de medidas eficaces permite que los estafadores lleguen cada día a millones de consumidores europeos. Según su planteamiento, estas campañas pueden acabar provocando pérdidas de cientos o incluso miles de euros por víctima.
El foco está en la publicidad digital, pero el alcance es mayor. Los anuncios fraudulentos pueden simular inversiones, servicios financieros o promociones falsas. Para un usuario medio, distinguir una campaña legítima de una trampa bien diseñada no siempre resulta sencillo.
Google, Meta y TikTok defienden sus sistemas de control
Las compañías han rechazado las acusaciones o han defendido sus mecanismos de protección. Google aseguró que la denuncia no refleja correctamente la forma en que combate las estafas y afirmó que bloquea más del 99% de los anuncios que incumplen sus políticas antes de que lleguen a mostrarse.
Meta indicó que el año pasado detectó y eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos, de los cuales el 92% se retiró antes de que fueran reportados por usuarios. La empresa también defendió el uso de inteligencia artificial, herramientas internas y colaboraciones externas para combatir este tipo de contenidos.
TikTok, por su parte, señaló que actúa frente a las infracciones y recordó que las estafas son un problema que afecta a toda la industria. La plataforma subrayó que los actores maliciosos modifican constantemente sus tácticas para esquivar los sistemas de detección.
Multas de hasta el 6% de la facturación global
Las organizaciones de consumidores piden ahora a los reguladores que investiguen si Google, Meta y TikTok están respetando la legislación europea. También reclaman sanciones si se confirma que las compañías han incumplido sus obligaciones.
Las multas bajo la DSA pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa. En el caso de gigantes tecnológicos de esta escala, el impacto potencial podría ser muy elevado, tanto en términos económicos como reputacionales.
El expediente llega en un momento de creciente presión internacional sobre las grandes plataformas. La protección de menores, usuarios vulnerables y consumidores expuestos a fraudes se ha convertido en una de las prioridades de los reguladores, especialmente en Europa.
Para Bruselas, este caso puede funcionar comouna prueba relevante sobre el alcance real de la DSA. Para las tecnológicas, abre otro frente regulatorio en un terreno especialmente sensible: la publicidad digital, la seguridad financiera de los usuarios y la responsabilidad de las plataformas frente al fraude online.
