La Ley de Inteligencia Artificial que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso incluye un cambio legal con impacto directo en los contribuyentes: una reforma de la Ley General Tributaria que permitiría a Hacienda mantener en secreto los sistemas informáticos, algoritmos o herramientas de IA que utilice en sus actuaciones fiscales.
La modificación afecta al artículo 116 de la Ley General Tributaria y abre un debate delicado. ¿Puede la Administración usar tecnología para seleccionar contribuyentes sin explicar cómo funciona? El texto plantea una mayor reserva bajo el argumento de proteger la eficacia de las inspecciones y evitar la elusión fiscal.
El cambio que preocupa a los expertos
El punto más controvertido está en el nuevo apartado 3 del artículo 116. La reforma establece que la información sobre estos sistemas no estaría sometida a publicidad, comunicación o acceso público. Tampoco tendría que ponerse a disposición de los obligados tributarios ni de órganos externos a la aplicación de los tributos.
En la práctica, un contribuyente podría no saber si ha sido seleccionado para una revisión por una regla automatizada, un algoritmo o un sistema de análisis de datos. Y ese detalle puede ser decisivo para defenderse en un procedimiento tributario.
Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, advierte de que la medida puede chocar con el principio de transparencia y afectar a la tutela judicial efectiva. Su preocupación es que el ciudadano no pueda conocer si una herramienta informática ha aplicado sesgos o criterios erróneos para situarlo bajo sospecha de fraude o infracción.
Una reforma incorporada al final del proceso
La modificación se ha incluido dentro del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, aunque esta cláusula concreta no tendría carácter orgánico. Para Alarcón, si afecta a derechos fundamentales, debería haberse regulado con ese rango.
También genera dudas el momento en el que se ha introducido. El cambio se incorporó en el último tramo del proceso legislativo, por lo que no habría pasado por informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Junta Electoral Central, a diferencia del resto del texto.
La redacción deja otra incógnita. La norma habla de impedir el acceso a órganos ajenos a la aplicación de los tributos, pero no concreta si se refiere solo a otros organismos administrativos o también a jueces y tribunales.
El precedente del programa BOSCO
La polémica llega después de una sentencia del Tribunal Supremo sobre el programa BOSCO, utilizado por la Administración para seleccionar beneficiarios del bono social. El 11 de septiembre, el alto tribunal obligó al Gobierno a abrir los algoritmos de este sistema.
El Supremo defendió que el derecho de acceso a la información pública tiene dimensión constitucional y adquiere especial importancia cuando la Administración usa nuevas tecnologías para tomar decisiones automatizadas.
Ese antecedente puede pesar en el ámbito tributario. Según la interpretación de Alarcón, si un procedimiento fiscal se inicia por la intervención de un algoritmo, un código fuente o una herramienta digital, la Administración podría tener que explicar el origen tecnológico de esa actuación. Solo así el contribuyente podría comprobar si la revisión es proporcionada o si ha sido prejuzgado de forma incorrecta.
Hacienda mantiene la cautela sobre la IA
Hasta ahora, Hacienda ha sido reacia a detallar qué herramientas tecnológicas utiliza en sus procesos internos. La Agencia Tributaria ha defendido que estos sistemas no toman decisiones concretas sobre los contribuyentes por sí solos.
Sí ha reconocido el uso de IA en la declaración de la Renta, aunque como apoyo para asistir al ciudadano durante la elaboración del trámite. No como mecanismo de selección para inspecciones.
La anterior directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, negó en marzo que Hacienda estuviera usando inteligencia artificial para seleccionar contribuyentes o administrar expedientes. Aun así, admitió que la Administración tendrá que plantearse su uso, como ya ocurre en otras instituciones públicas.
El choque entre control fiscal y transparencia
El debate va más allá de Hacienda. La cuestión de fondo es cómo deben actuar las administraciones cuando incorporan algoritmos e inteligencia artificial a decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Para el fisco, ocultar ciertos sistemas puede evitar que se neutralicen sus controles. Para los contribuyentes, no saber cómo han sido seleccionados puede debilitar su defensa.
La tramitación parlamentaria será clave para ver si el texto se mantiene o si se introducen garantías adicionales. Lo que está en juego no es solo una cuestión técnica, sino la relación entre IA, poder público y derechos de los ciudadanos.
