El Ministerio de Hacienda ha movido una pieza clave en el acceso a loscontratos públicos de obra. La Orden HAC/34/2026 amplía el periodo para acreditar experiencia técnica de cinco a diez años. Un cambio concreto, pero con efecto inmediato: autónomos y pymes que llevaban tiempo fuera del sistema vuelven a tener opciones reales de competir.
La lógica detrás de la medida es clara. En varios segmentos, la participación en concursos había caído. ¿El motivo? Empresas con capacidad probada quedaban fuera por no tener obras recientes que presentar. Ahora, trabajos ejecutados hace hasta una década vuelven a contar, lo que reactiva historiales profesionales que habían quedado en segundo plano.
Más empresas en juego y más expedientes en marcha
La Administración calcula gestionar cerca de 1.200 expedientes entre 2026 y 2027 vinculados a solicitudes de clasificación o revisión. Esto se traduce en más actividad administrativa, pero también en un mercado que se ensancha.
Para entenderlo de forma sencilla: una constructora que ejecutó varias obras relevantes en 2017, pero que después redujo su actividad, ahora puede volver a utilizarlas para acreditar solvencia. Ese tipo de casos, antes bloqueados, ahora reentran en el sistema.
- Más expedientes implica más empresas intentando reactivarse
- Más competencia eleva el nivel de las ofertas presentadas
- Más participación reduce el riesgo de concursos desiertos
Sectores donde la competencia era insuficiente
La reforma no se aplica de forma uniforme. Se centra en áreas donde la falta de licitadores era evidente. Entre ellas, infraestructuras terrestres, obras ferroviarias, hidráulicas, marítimas y energéticas.
No es casualidad. Son sectores con alta exigencia técnica y ciclos de actividad irregulares. Si una empresa no encadenaba proyectos recientes, quedaba fuera del radar, aunque tuviera experiencia acumulada. La ampliación del plazo corrige ese efecto. El resultado esperado es directo: más empresas capacitadas para presentarse y, con ello, mayor presión competitiva en contratos públicos clave.
La experiencia vuelve a contar
Para muchas pymes, este cambio supone recuperar valor. Especialmente en sectores donde los proyectos no son constantes año tras año. Poder incluir obras de los últimos diez años mejora su clasificación y amplía su alcance.
Un ejemplo: una empresa que antes solo podía optar a contratos pequeños por falta de acreditación reciente, ahora puede presentarse a licitaciones de mayor volumen. No garantiza adjudicaciones, pero sí abre la puerta.
Menos fricción administrativa en el proceso
El sistema mantiene el procedimiento de clasificación o revisión. Las empresas deben seguir presentando certificados de buena ejecución, y el plazo máximo de resolución se sitúa en seis meses.
La diferencia aparece después. Una vez obtenida la clasificación, no es necesario justificar la solvencia técnica en cada licitación, lo que reduce carga administrativa y agiliza la participación. En la práctica, esto permite a las empresas centrarse más en preparar ofertas y menos en repetir trámites.
Un mercado público más abierto
El ajuste no cambia las reglas del juego por completo, pero sí elimina una barrera relevante. Más empresas en condiciones de competir implica más opciones para la Administración y un entorno más dinámico en sectores donde la participación era limitada. La clave estará en cómo responda el tejido empresarial. La puerta está abierta. Ahora toca ver cuántas pymes deciden volver a cruzarla.
