La patronal de la pequeña y mediana empresa ha encendido las alarmas ante una posible nueva subida del salario mínimo interprofesional en 2026. Según Cepyme, los planteamientos que maneja el Gobierno podrían poner en peligro la continuidad de unas 86.000 microempresas, el eslabón más frágil del tejido productivo español. El motivo no es solo el porcentaje de aumento, sino su impacto acumulado sobre negocios con márgenes muy estrechos.
Las cifras que se barajan no son menores. Cepyme estima que el SMI podría incrementarse un 3,1 % si queda exento de IRPF o hasta un 4,7 % si finalmente tributa. En ambos escenarios, el coste adicional para las empresas de menor tamaño sería, en términos agregados, equivalente al beneficio que generan. Cuando ese margen desaparece, la ecuación es simple: o se reduce actividad o se cierra.
Así lo ha expresado con claridad Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, en una entrevista concedida a la Agencia EFE. “Cuando una empresa deja de ser rentable, el resultado no es una adaptación suave, sino el cierre”, ha advertido. En el caso de las microempresas, muchas con uno o dos empleados, no existe colchón financiero ni capacidad de absorción de costes como en las grandes compañías.
El debate llega, además, en un momento especialmente sensible. En los últimos años, el salario mínimo ha experimentado subidas acumuladas muy por encima de la inflación, mientras que otros costes fijos han seguido escalando. Alquileres comerciales, energía, financiación y cargas administrativas forman parte de un entorno que, según la patronal, está empujando a muchos pequeños negocios al límite.
Cepyme no se desmarca del diálogo social y mantiene su disposición a negociar. Sin embargo, marca una línea roja clara: cualquier acuerdo debe tener en cuenta la realidad específica de las microempresas. Frente a la propuesta del Gobierno, respaldada por la comisión de expertos, la patronal plantea una subida más moderada, del 1,5 %, mientras que los sindicatos reclaman un aumento del 7,5 %, condicionado a que el SMI empiece a tributar.
El choque de posiciones refleja un problema estructural. El incremento de los costes laborales se suma a un volumen creciente de regulación que afecta de forma desproporcionada a las empresas más pequeñas. Para una microempresa, cumplir con nuevas obligaciones administrativas o laborales no implica solo más gasto, sino también más tiempo y recursos que no siempre existen.
Desde Cepyme se insiste en que estas compañías representan una parte esencial del entramado productivo. Son comercios, talleres, bares, pequeñas explotaciones agrícolas o servicios locales que sostienen empleo en barrios y municipios donde no llegan las grandes empresas. Cuando una microempresa cierra, no suele haber una alternativa inmediata que absorba ese empleo.
En este contexto, la patronal advierte también de un riesgo menos visible: la erosión de la negociación colectiva. Según Ángela de Miguel, determinadas decisiones del Ministerio de Trabajo pueden reducir el margen para que patronal y sindicatos alcancen acuerdos bipartitos adaptados a cada sector. Si el salario mínimo se convierte en el único eje de ajuste, se pierde flexibilidad y capacidad de adaptación.
Cepyme subraya que no se trata de oponerse a la mejora de los salarios, sino de evitar efectos no deseados. Un ejemplo recurrente es el de negocios familiares con dos empleados, donde una subida del SMI puede obligar a reducir horas, congelar contrataciones o, directamente, bajar la persiana. En esos casos, el trabajador no gana poder adquisitivo porque pierde el empleo.
Por ello, la organización reclama al Gobierno un enfoque más amplio. No solo debatir el porcentaje de subida, sino acompañarlo de medidas de alivio para los negocios más pequeños. Entre ellas, Cepyme menciona la simplificación de trámites fiscales, una aplicación más flexible de nuevas obligaciones laborales y una reducción de cargas administrativas que hoy pesan tanto como el coste salarial.
La patronal defiende que este tipo de iniciativas permitiría preservar actividad y empleo en empresas con estructuras muy reducidas, cuya realidad poco tiene que ver con la de una gran compañía o una multinacional. Tratar a todas por igual, advierten, puede generar efectos regresivos.
El debate sobre el SMI en 2026 vuelve así a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede el salario mínimo seguir subiendo al mismo ritmo sin una política específica para las microempresas? Para Cepyme, la respuesta es clara. Sin medidas de acompañamiento, el riesgo no es solo económico, sino social: menos negocios abiertos, menos empleo local y un tejido productivo cada vez más frágil.
