El plan anticrisis del Gobierno entra en una etapa decisiva. Desde este lunes, el IVA de la electricidad y del gas vuelve al tipo general del 21%, después de haber permanecido durante mes y medio en el 10%. El cambio afecta también al gas natural, las briquetas, los pellets y la leña, productos que habían formado parte del paquete de medidas aprobado para aliviar el impacto de la subida de precios.
La vuelta al 21% no llega sola. También se recupera el tipo habitual del impuesto especial de electricidad, que pasa del 0,5% al 5%. Con este movimiento, el Ejecutivo empieza a retirar una parte del paquete aprobado el pasado 20 de marzo, diseñado para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Medio.
La gran pregunta ahora es qué ocurrirá después del 30 de junio. Buena parte de las medidas estaban previstas hasta esa fecha, pero el Gobierno todavía no ha aclarado cuáles se prorrogarán, cuáles se ajustarán y cuáles dejarán de aplicarse. Para hogares, autónomos y empresas, el calendario empieza a ser clave.
Por qué vuelve a subir el IVA de la luz y el gas
El paquete anticrisis incluía una condición concreta: algunas medidas podían desactivarse antes de tiempo si los precios de determinados suministros se moderaban en abril. Ese escenario se ha cumplido en el caso de la electricidad y el gas, lo que explica el regreso del IVA al 21%.
La situación no es igual en los carburantes. En ese caso, las ayudas se mantienen porque la inflación de abril siguió por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para retirar las bonificaciones. Los datos recogidos apuntan a una subida del 51,7% en los combustibles líquidos y a un encarecimiento del 28,2% en el gasóleo.
Por ese motivo, los carburantes conservan por ahora la rebaja del IVA al 10% y los tipos reducidos del impuesto de hidrocarburos. Es decir, el plan no desaparece de golpe. Se desmonta por partes, según la evolución de cada precio.
Las medidas que siguen activas hasta el 30 de junio
Aunque la luz y el gas vuelven al tipo general, otras medidas del paquete continúan en vigor hasta finales de junio. Entre ellas figuran la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas dirigidas a agricultores y transportistas y los descuentos adicionales vinculados al bono social eléctrico.
El resultado es un escenario desigual. Algunas ayudas empiezan a retirarse, mientras otras siguen funcionando a la espera de una decisión política. ¿Puede el Gobierno desmontar el plan sin elevar la presión sobre los hogares? Esa será una de las cuestiones centrales de las próximas semanas.
La respuesta dependerá, sobre todo, de tres frentes: energía, carburantes y alimentos. Si los precios se mantienen contenidos, el Ejecutivo tendrá más margen para cerrar el paquete. Si vuelven a subir, la retirada podría convertirse en un problema para millones de consumidores.
Gobierno, sindicatos y empresas negocian la siguiente fase
El Ejecutivo ha mantenido esta semana una reunión de alto nivel con los agentes sociales para analizar el efecto de las medidas ya aplicadas y empezar a definir qué apoyos podrían seguir más allá del 30 de junio.
Tras ese primer encuentro, CCOO y UGT han planteado varias reclamaciones. Entre ellas se encuentran una revisión semestral del salario mínimo interprofesional, el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para personas con ingresos bajos. Los sindicatos vinculan estas propuestas a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la escalada de precios.
El Gobierno defiende que el plan está cumpliendo su función y prevé nuevas reuniones con agentes sociales y sectores económicos. La decisión final será importante: prorrogar medidas supone mantener el alivio fiscal, pero también prolongar el coste para las cuentas públicas.
La inflación vuelve a complicar las previsiones
El debate llega en un momento sensible para los precios. Aunque el IPC se mantuvo en mayo en el 3,2%, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones para este año.
Funcas sitúa ahora la inflación media en el 3,4%, ocho décimas por encima de su estimación anterior. El panel de mayo también recoge subidas en las previsiones de la Cámara de Comercio de España, que calcula un 3,2%, de la CEOE, con un 3%, y del Instituto de Estudios Económicos, también con un 3%. En estos tres casos, las estimaciones aumentan medio punto respecto al panel de marzo.
El riesgo está especialmente concentrado en el verano. Funcas advierte de que la inflación podría alcanzar tasas del 4% si se revierten las medidas. Además, en un escenario más adverso, con el petróleo en 115 dólares, la inflación media de 2026 también podría situarse en el 4%.
Los alimentos pueden encarecerse con retraso
El otro foco de atención está en los alimentos no elaborados. En abril subieron un 4,6%, pero Funcas prevé que puedan encarecerse alrededor de un 7% a partir del verano y durante el otoño.
La explicación está en el desfase con el que algunos costes llegan al consumidor.El aumento de los fertilizantes asociado al conflicto puede tardar unos seis meses en trasladarse a los precios finales. Para una familia con poco margen de gasto, ese retraso puede acabar notándose en productos básicos de la cesta de la compra.
El Gobierno entra así en una fase de decisiones. La retirada parcial del plan anticrisis ya ha comenzado con la vuelta del IVA de la luz y el gas al 21%, pero el calendario posterior al 30 de junio sigue abierto. La evolución de la energía, los carburantes y los alimentos marcará hasta dónde puede llegar la desactivación de las ayudas sin añadir más presión a hogares, autónomos y empresas.
