El BCE acelera su proyecto de moneda digital pública, mientras crecen las alertas sobre el riesgo de vigilancia económica y pérdida de privacidad.
El Banco Central Europeo (BCE) avanza con paso firme hacia el euro digital, una versión electrónica del efectivo que podría transformar la manera en que los europeos pagan, ahorran y se relacionan con el sistema financiero. El proyecto, aún sin fecha de lanzamiento, está en fase de preparación técnica y regulatoria desde noviembre de 2023 y se perfila como el mayor cambio monetario desde la introducción del euro físico en 2002.
El objetivo oficial es ofrecer un medio de pago público y seguro, garantizado directamente por el banco central. Los ciudadanos usarían una cartera digital oficial —gestionada por bancos o intermediarios— para realizar pagos instantáneos, incluso sin conexión a internet. “El dinero debe evolucionar con la tecnología”, afirman desde el BCE, que busca preservar el acceso universal al dinero público frente al dominio de los sistemas privados como Visa, Apple Pay o PayPal.
Pero el avance del euro digital también ha encendido una pregunta de fondo: ¿será una revolución financiera o el comienzo del dinero controlado por el Estado?
Privacidad o trazabilidad: el dilema central
Cada transacción con el euro digital generará una huella de datos: hora, lugar, importe y relación entre emisor y receptor. El BCE promete un modelo de “privacidad por diseño”, pero admite que el sistema requerirá recopilar metadatos para prevenir fraudes y garantizar la seguridad.
La diferencia con el efectivo es clave: ya no habría transacciones anónimas. Según el BCE, el sistema ofrecerá “un alto nivel de privacidad, aunque no anonimato total”. Esa matización técnica puede alterar la naturaleza del dinero mismo: el banco central podría —al menos teóricamente— ver quién paga, cuánto y a quién.
Expertos en ciberseguridad y derecho financiero advierten de los riesgos de una supervisión sin precedentes. “El problema no es la intención, sino la posibilidad”, señalan analistas europeos, recordando el caso del yuan digital de China, donde el Estado puede rastrear cada pago en tiempo real.
Entre los escenarios hipotéticos que inquietan a juristas figuran:
- El seguimiento de hábitos de consumo con fines fiscales.
- La aplicación automática de impuestos o penalizaciones por gasto.
- La limitación de compras o pagos según criterios políticos o medioambientales.
El BCE niega que el sistema esté diseñado para esos usos, pero el debate ético y político ya ha llegado a Bruselas.
España se sube al tren del euro digital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció tras el último Consejo Europeo que los Estados miembros “quieren avanzar decididamente en la implantación del euro digital”. Aseguró además que España “está en la dirección correcta para su creación en un pronto tiempo”.
Sin embargo, el anuncio coincidió con un episodio incómodo. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, reconoció que Sánchez “ha podido recibir dinero en efectivo” procedente de liquidaciones internas del partido, aunque defendió su legalidad. La admisión ha reavivado el contraste entre el discurso oficial de una economía sin billetes y la práctica habitual de los pagos en metálico dentro de las propias organizaciones políticas.
¿Modernización o vigilancia?
El BCE insiste en que el euro digital no sustituirá al efectivo, sino que lo complementará. Aun así, varios gobiernos europeos ya debaten cómo reducir el uso del dinero físico. En la práctica, un sistema plenamente digital daría al Estado y al BCE un control total sobre los flujos financieros, lo que despierta preocupación entre economistas y defensores de la privacidad.
La promesa del euro digital es clara: modernizar la economía y ofrecer una alternativa pública a las grandes plataformas tecnológicas. Pero el riesgo también lo es: abrir la puerta a una sociedad donde cada pago pueda ser observado, almacenado o condicionado.
Europa se enfrenta a una disyuntiva crucial: avanzar hacia una mayor eficiencia e inclusión financiera… o hacia un modelo de vigilancia económica sin precedentes. El futuro del dinero —y de la privacidad— se decidirá, literalmente, con un clic.
