El Gobierno estudia introducir nuevas condiciones laborales para empresas afectadas por el aumento de costes energéticos vinculado al conflicto en Oriente Medio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que el Ejecutivo analiza impedir que autónomos y pymes justifiquen despidos por el encarecimiento de la energía o los combustibles si reciben ayudas públicas.
La idea es sencilla sobre el papel: si una empresa recibe apoyo público para afrontar una subida de costes, no podría despedir alegando ese mismo motivo. El planteamiento pasa por vincular cualquier paquete de ayudas o mecanismos extraordinarios al mantenimiento del empleo.
La ministra lo explicó esta semana en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press. Según señaló, el objetivo es priorizar los ajustes internos en las empresas antes que la destrucción de puestos de trabajo. Dicho de otra forma, reducir actividad o reorganizar jornadas antes que prescindir de trabajadores.
¿Con qué herramientas cuenta el sistema laboral para hacerlo?
El marco legal español ya prevé varios mecanismos para afrontar situaciones de crisis sin recurrir a despidos:
- ERTE: permiten suspender contratos o reducir jornadas de forma temporal.
- Mecanismo RED: diseñado para responder a crisis económicas o sectoriales concretas.
Ambas fórmulas permiten a una empresa ajustar su actividad durante un periodo limitado. Mientras tanto, los trabajadores perciben una prestación y las compañías pueden beneficiarse de reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para entenderlo con un ejemplo sencillo: un restaurante que sufre un aumento fuerte en la factura energética podría reducir temporalmente las horas de parte de su plantilla en lugar de despedirla. Durante ese tiempo, los trabajadores cobrarían una prestación y la empresa asumiría menos costes laborales.
La propuesta que estudia el Ministerio de Trabajo no parte de cero. En los últimos años, el Gobierno ha aplicado varias veces el mismo principio: las ayudas públicas deben servir para mantener la actividad y el empleo, no para financiar despidos.
Durante su intervención, Díaz recordó que las herramientas necesarias ya están disponibles. “Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Tenemos los mecanismos como país para acompañar a las empresas y evitar que tengan que despedir”, afirmó.
Por ahora, el Ejecutivo no ha detallado qué medidas económicas concretas podría aprobar para compensar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Tampoco existe todavía un decreto que establezca formalmente estas posibles restricciones. Aun así, la línea de actuación apunta a repetir el esquema aplicado en crisis recientes.
En la práctica, el funcionamiento sería el siguiente. Si una empresa accede a ayudas públicas o se acoge a un ERTE para compensar el encarecimiento de la energía, no podría despedir a trabajadores alegando ese mismo aumento de costes. En caso contrario, podría verse obligada a devolver las subvenciones recibidas.
Este tipo de condiciones ya se aplicó durante la pandemia de COVID-19. Miles de empresas recurrieron entonces a los ERTE financiados con fondos públicos para suspender temporalmente contratos. A cambio, debían mantener el empleo durante un periodo determinado.
Si una compañía despedía trabajadores incumpliendo ese compromiso, debía reintegrar las ayudas.
Un modelo parecido se utilizó más tarde durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. En ese momento, las empresas que recibieron compensaciones por el aumento de los costes energéticos tampoco podían justificar despidos alegando ese mismo encarecimiento.
El decreto aprobado entonces estableció restricciones que, en algunos casos, siguen vigentes hasta finales de 2026. Esto significa que muchas empresas todavía están sujetas a esas condiciones si recibieron ayudas relacionadas con la crisis energética.
Expertos laboralistas explicaron en su momento que el objetivo de estas normas es evitar que el dinero público destinado a sostener la actividad empresarial termine financiando reducciones de plantilla.
Desde el punto de vista jurídico, estas medidas no impiden despedir en cualquier circunstancia. Lo que hacen es limitar las causas que pueden utilizarse para justificar un despido objetivo cuando una empresa ha recibido ayudas por un motivo concreto.
Esto obliga a muchos negocios a valorar bien las condiciones antes de solicitar subvenciones. Una ayuda pública puede aliviar la tesorería en momentos de tensión, pero también implica asumir compromisos laborales que condicionan decisiones futuras.
Mientras el Gobierno analiza estas posibles restricciones, las organizaciones empresariales reclaman otro tipo de medidas para afrontar el impacto económico del conflicto.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido al Ejecutivo que adopte medidas urgentes para reducir la presión fiscal sobre los pequeños negocios. Según su planteamiento, el encarecimiento de la energía y del transporte está golpeando de forma directa a muchos autónomos.
Entre las propuestas defendidas por organizaciones empresariales y patronales como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) figuran medidas fiscales como:
- Deflactar el IRPF para evitar que la inflación aumente la carga tributaria.
- Reducir impuestos energéticos para compensar el aumento de costes.
- Apoyos fiscales a sectores dependientes del combustible, como transporte o logística.
La ministra de Trabajo ha rechazado algunas de estas propuestas. En concreto, se mostró contraria a rebajar el IVA de los alimentos al 0%, una medida defendida por algunos empresarios del sector de la distribución.
Según Díaz, este tipo de rebajas fiscales no garantiza que los precios finales bajen para los consumidores. “No estamos pensando en la bajada del IVA porque no es eficaz para esto”, afirmó.
Frente a esa opción, la vicepresidenta defendió explorar otras medidas, entre ellas el control de precios en determinados productos básicos, como alternativa para contener el impacto económico sobre los hogares.
