Charging Together, la empresa conjunta creada por Iberdrola y BP para desplegar recarga rápida y ultrarrápida, ha cerrado una financiación de 129,38 millones de euros para acelerar su crecimiento en España y Portugal. La operación ha sido estructurada por ING y cuenta con Rabobank, Kutxabank y el Instituto de Crédito Oficial, que aporta hasta 25,9 millones. El objetivo es sostener una red pública que ya ronda los 2.500 puntos de recarga y que quiere llegar a 3.342 antes de terminar 2026.
La operación sitúa la infraestructura de recarga como una inversión energética, pero también como una pieza de competitividad para empresas, flotas y territorios. El coche eléctrico no se adopta solo por el precio del vehículo o por las ayudas públicas. Necesita que el usuario encuentre cargadores fiables en trayectos reales, desde una carretera de alta ocupación hasta una zona de reparto urbano donde cada minuto parado tiene coste.
Charging Together nació en 2023 con una tesis muy concreta: unir la capacidad eléctrica de Iberdrola con la presencia comercial de BP en movilidad. Esa combinación permite buscar ubicaciones de alto tráfico, integrar suministro renovable y negociar financiación a escala. La red se alimenta con energía renovable de Iberdrola, un punto relevante para empresas que deben reportar emisiones y para operadores que intentan electrificar flotas sin trasladar el problema al origen de la energía.
El plan a largo plazo es superar los 13.000 puntos de recarga en 2035. La cifra importa porque el cuello de botella no es solo instalar cargadores, sino hacerlo con densidad suficiente para que el conductor no tenga que planificar cada parada como si fuera una excepción. En movilidad eléctrica, la confianza llega cuando la infraestructura deja de verse como una promesa y empieza a parecerse a una red cotidiana.
La entrada del ICO refuerza una idea que España lleva años intentando convertir en práctica: la transición energética exige capital paciente y proyectos capaces de movilizar banca privada. En esta operación no se habla de una startup digital clásica, pero sí de economía tecnológica aplicada a una necesidad estructural. La electrificación del transporte requiere software de operación, gestión de potencia, analítica de demanda y acuerdos con propietarios de suelo, además de equipos físicos.
Para Iberdrola y BP, la financiación también sirve para defender posición en un mercado que se está profesionalizando. La recarga pública ya no se mide solo por número de enchufes. Cada ubicación compite por potencia disponible, facilidad de pago, mantenimiento, visibilidad, tarifas y cercanía a rutas de consumo. Si una estación falla o queda ocupada demasiado tiempo, el usuario lo convierte en fricción y la flota lo convierte en pérdida operativa.
España parte con una oportunidad clara: gran parte de los desplazamientos peninsulares conectan ciudades medianas, áreas logísticas, destinos turísticos y corredores transfronterizos con Portugal. Una red bien situada puede servir al turismo, al reparto, a vehículos corporativos y al transporte ligero. También puede ayudar a que hoteles, centros comerciales y estaciones de servicio conviertan la recarga en un servicio de captación, no solo en una obligación ambiental.
La noticia deja una lectura empresarial sencilla: la movilidad eléctrica entra en una fase donde gana quien despliega con escala, buena financiación y operación fiable. El debate ya no gira únicamente en torno a si habrá suficientes coches eléctricos. Cada nuevo punto rápido que funciona de forma previsible reduce la incertidumbre de compra y facilita que empresas y particulares den el paso. Para el mercado español, esa es la parte relevante de los 129 millones.
