La exposición de niños y adolescentes en redes sociales se ha convertido en una práctica ampliamente extendida en Europa. Datos del estudio EU Kids Online indican que cerca del 89 % de las familias publica imágenes o información de sus hijos sin solicitar su consentimiento ni valorar plenamente las implicaciones legales, psicológicas y de seguridad asociadas al llamado sharenting.
Esta situación ha activado la respuesta de las administraciones. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una normativa específica para regular esta práctica, actualmente en fase de consulta pública. Su objetivo es reforzar la protección de la identidad digital de los menores y fijar obligaciones claras para limitar la sobreexposición en entornos digitales.
Regulación para un entorno digital permanente
Desde el Gobierno se reconoce que el uso de internet forma ya parte estructural de la vida cotidiana. La ministra Sira Rego ha señalado que “el entorno digital ha venido para quedarse” y que es imprescindible dotarlo de “regulación y garantías de derechos para niños, niñas y adolescentes”. La futura normativa busca establecer responsabilidades compartidas entre familias, plataformas y creadores de contenido, con un marco que supere la actual fragmentación legal.
Impacto en el bienestar emocional
Datos del propio Ministerio señalan que la sobreexposición temprana puede afectar al bienestar emocional, con consecuencias como ansiedad, estrés o una pérdida de control sobre la identidad digital. Construir una huella online desde edades muy tempranas limita la capacidad futura de los menores para decidir cómo y cuándo quieren gestionar su imagen en espacios públicos digitales.
Estas advertencias coinciden con estudios académicos. Una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) apunta a que alrededor del 81 % de los bebés ya tiene presencia en internet antes de cumplir seis meses, reflejando que la exposición comienza incluso antes de que exista cualquier posibilidad de consentimiento.
Riesgos de seguridad invisibles
Más allá del impacto psicológico, la vertiente de seguridad resulta especialmente sensible. Informes oficiales indican que cerca del 72 % del material incautado en operaciones policiales contra delitos de abuso y explotación infantil procedía de imágenes compartidas inicialmente en entornos familiares, en muchos casos sin ninguna intención delictiva. Fotografías cotidianas pueden acabar circulando en contextos criminales una vez difundidas de manera abierta. ¿Hasta qué punto somos conscientes del destino final de una imagen subida a la red?
Desde el proyecto Crecer en un mundo de pantallas, impulsado por la cooperativa de telecomunicaciones éticas Somos Conexión, su coordinadora Idoia Miranda advierte: “No se trata solo de proteger la privacidad de los menores, sino de establecer responsabilidades claras para las plataformas digitales y los creadores de contenido. Las familias no pueden asumir solas la protección de sus hijos en internet; las empresas tecnológicas deben colaborar activamente para garantizar que su uso sea seguro y responsable”.
Menores y monetización de contenidos
La preocupación se intensifica cuando la imagen de los menores se utiliza con fines comerciales, especialmente en perfiles de creadores que monetizan su presencia en redes sociales. Estos casos combinan derechos de imagen, tutela familiar y posibles formas de explotación económica, un ámbito que hasta ahora carece de una regulación específica y detallada.
Las organizaciones expertas consideran necesario que el nuevo marco legal incorpore límites expresos a estas prácticas, evitando que la exposición digital se convierta en una fuente de ingresos sin salvaguardas adecuadas para los propios menores.
Educación digital como complemento legal
La regulación no es el único frente. Entidades del sector insisten en la necesidad de programas públicos de alfabetización digital dirigidos a las familias, orientados a mejorar el conocimiento de los riesgos de la sobreexposición y fomentar un uso más consciente de la tecnología.
Desde Somos Conexión subrayan: “El uso consciente y seguro de la tecnología es una corresponsabilidad compartida entre hogares, instituciones públicas y empresas tecnológicas. Solo así podemos garantizar que el desarrollo digital sea seguro y respetuoso con los derechos de la infancia”.
Consulta pública y próximos pasos
La consulta pública abierta por el Ministerio permitirá la participación de entidades especializadas en protección infantil, asociaciones de consumidores, expertos en derechos digitales y operadores del sector tecnológico. Somos Conexión ha confirmado su intención de aportar su experiencia en alfabetización digital y conocimiento técnico para contribuir al diseño de un marco normativo eficaz.
El objetivo final es proteger la identidad digital de los menores sin frenar el avance tecnológico, alineando la evolución de la economía digital con la garantía de los derechos fundamentales de la infancia.
