La Unión Europea ha activado una nueva fase del Reglamento de Inteligencia Artificial con reglas de transparencia aplicables desde el 2 de agosto de 2026. La Comisión Europea, a través de la Oficina de IA y junto a las autoridades nacionales, empieza a supervisar obligaciones que afectan a proveedores y usuarios profesionales de sistemas de IA. El cambio más visible es que las personas deben saber cuándo interactúan con una máquina y cuándo un contenido ha sido generado o manipulado artificialmente.
Para muchas empresas, esta fase del Reglamento de IA no trata de prohibir herramientas, sino de hacer visible su uso ante clientes, empleados y ciudadanos. Un chatbot de atención al cliente tendrá que informar de que es un sistema automatizado cuando no sea evidente. Un vídeo sintético con apariencia realista deberá etiquetarse como tal. Y los proveedores de herramientas generativas tendrán que facilitar mecanismos de marcado y detección en los contenidos que producen.
La Comisión también ha publicado un código de buenas prácticas sobre transparencia de contenido generado por IA. Ese código es voluntario, pero sirve como referencia para demostrar cumplimiento en tareas como el marcado legible por máquina, el etiquetado visible de deepfakes y la identificación de publicaciones generadas o manipuladas. Además, la UE ha creado iconos que las empresas pueden usar para comunicar al usuario que está ante contenido sintético.
El calendario importa. El Reglamento de IA entró en vigor en 2024 y se aplica por fases. Algunas prácticas prohibidas y obligaciones de alfabetización en IA ya empezaron antes. Ahora llega una etapa con impacto más directo en marketing, atención al cliente, medios, comercio electrónico, recursos humanos y plataformas digitales. Las obligaciones de alto riesgo más complejas tienen otro calendario, pero la transparencia ya forma parte del día a día empresarial.
La consecuencia práctica es que las compañías españolas que usan IA generativa deben revisar interfaces, contenidos y procesos de publicación antes de pensar en grandes auditorías. Un comercio que usa imágenes creadas con IA para campañas, una aseguradora que automatiza parte de la conversación con clientes o una agencia que publica piezas sintéticas necesitan criterios claros. No basta con guardar una política interna si el usuario final no recibe una señal comprensible.
La norma distingue entre proveedor y deployer, dos papeles que en la práctica pueden mezclarse. Un proveedor desarrolla o modifica el sistema. Un deployer lo integra en un servicio propio. Una empresa que usa una herramienta externa puede tener menos control técnico que quien la construye, pero conserva obligaciones cuando decide cómo se presenta el resultado ante sus usuarios.
Las sanciones dependerán del tipo de infracción y de la parte concreta del reglamento afectada. En materia de transparencia, las referencias legales hablan de multas que pueden llegar a millones de euros o a un porcentaje del volumen de negocio global. Más allá de la cifra máxima, el riesgo inmediato para una pyme puede ser reputacional: que un cliente descubra tarde que ha estado hablando con una IA o que una campaña sintética no estaba identificada.
La activación de estas reglas llega en pleno uso masivo de asistentes, generadores de imagen, clonación de voz y herramientas de automatización. Para las empresas, el enfoque razonable es empezar por un inventario breve: dónde se usa IA, quién la supervisa, qué ve el usuario y cómo se etiqueta el resultado. La transparencia deja de ser un gesto voluntario y pasa a ser una obligación operativa.
