Uber Eats ha reconocido por escrito una deuda de unos 110 millones de euros con la Seguridad Social por las cotizaciones de miles de repartidores que fueron dados de alta como autónomos, aunque debían haber sido contratados como asalariados según la conocida como Ley rider.
La regularización afecta a 60.000 trabajadores y trabajadoras que prestaron servicios para la plataforma durante sus años de actividad bajo un modelo que no respetaba los principios fijados por esa norma. La ley, pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, estableció que los repartidores de plataformas digitales debían ser reconocidos como empleados cuando existiera una relación laboral con la empresa.
El reconocimiento de la deuda supone un movimiento relevante en el sector del reparto a domicilio. No solo por la cantidad económica, sino porque confirma el impacto que la Ley rider sigue teniendo sobre las plataformas digitales que operaron con repartidores considerados trabajadores por cuenta propia. Uber Eats asumirá ahora el pago de cotizaciones que no fueron abonadas en su momento.
Según explicaron desde la Inspección de Trabajo, la compañía hace efectivo así el compromiso adquirido públicamente para regularizar la situación de estos repartidores. Durante años, esos trabajadores estuvieron encuadrados como autónomos, un modelo que les obligaba a asumir sus propias cuotas y parte del riesgo económico de la actividad. En la práctica, repartían pedidos para una plataforma, pero sin las condiciones laborales propias de una plantilla asalariada.
La clave del caso está en la figura del falso autónomo. Se utiliza este término cuando una persona aparece formalmente como trabajador por cuenta propia, pero en realidad presta servicios bajo condiciones que se parecen a las de un empleado: organización marcada por la empresa, dependencia económica o instrucciones sobre cómo realizar el trabajo. En el reparto digital, esa discusión se convirtió en uno de los grandes choques laborales de los últimos años.
La Ley rider nació precisamente para cerrar esa brecha. Su objetivo era evitar que las plataformas de reparto trasladaran a los trabajadores costes y responsabilidades que corresponden a una relación laboral ordinaria. Es decir, no bastaba con conectar repartidores y clientes a través de una aplicación. Si la empresa organizaba la actividad, debía asumir también las obligaciones laborales y de cotización.
La regularización llega en un contexto de mayor presión sobre las plataformas digitales. El Ministerio de Trabajo ha endurecido las responsabilidades por el incumplimiento de la norma y ha abierto la puerta a consecuencias más graves en los casos de resistencia empresarial. El precedente más visible es el de Glovo, contra la que Trabajo activó la vía penal por negarse durante años a laboralizar a sus repartidores.
Ese cambio de escenario ha pesado sobre el sector. Las sanciones económicas ya no son el único riesgo para las empresas que mantienen modelos cuestionados por la Inspección. También pueden enfrentarse a procedimientos más duros si se considera que han incumplido de forma reiterada la legislación laboral.
En el caso de Uber Eats, el reconocimiento de los 110 millones de euros marca un paso concreto: la compañía acepta la deuda vinculada a las cotizaciones de esos repartidores. Para la Seguridad Social, implica recuperar cuotas que deberían haberse pagado durante los periodos en los que los trabajadores fueron tratados como autónomos. Para el debate laboral, refuerza la idea de que el modelo de reparto digital sigue bajo vigilancia.
La cifra también muestra la dimensión del problema. No se trata de unos pocos casos aislados, sino de decenas de miles de repartidores afectados por una forma de contratación que la legislación española ya había intentado corregir. ¿Puede una plataforma crecer si evita asumir parte de sus obligaciones laborales? Esa pregunta sigue en el centro del conflicto entre economía digital, flexibilidad y derechos laborales.
Con este reconocimiento, Uber Eats se suma al grupo de empresas obligadas a ajustar su relación con los repartidores tras la entrada en vigor de la Ley rider. El caso deja una señal clara para el resto del sector: las plataformas digitales no pueden operar al margen de las cotizaciones ni sustituir una relación laboral por altas como autónomos cuando la actividad depende de su organización.
