El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 24 de febrero, durante su discurso sobre el estado de la Unión, que su administración ha trasladado a las grandes tecnológicas una exigencia directa: construir sus propias plantas de energía para abastecer sus centros de datos. El argumento es claro: evitar que el auge de la inteligencia artificial termine encareciendo la factura eléctrica de los hogares.
La decisión llega en medio de una tensión creciente en varios estados, donde comunidades locales han empezado a cuestionar la instalación de nuevos centros de datos por su elevada demanda energética y su posible impacto en los precios. Un solo campus de servidores puede consumir tanto como una ciudad mediana. La infraestructura de IA, cada vez más intensiva en cómputo, se ha convertido en una carga adicional para una red eléctrica que ya muestra signos de saturación.
Un mensaje directo a las tecnológicas
Durante su intervención, Trump explicó que su equipo ha negociado un compromiso orientado a proteger a los consumidores frente a subidas tarifarias. La idea es sencilla: si las grandes plataformas necesitan enormes volúmenes de electricidad para entrenar y operar modelos de IA, deberán generar esa energía por su cuenta en lugar de depender exclusivamente de la red pública.
El presidente sostuvo que la red eléctrica estadounidense es antigua y no está preparada para absorber la nueva demanda asociada a los centros de datos. Bajo esta lógica, permitir que las compañías produzcan su propia electricidad garantizaría su suministro y, al mismo tiempo, aliviaría la presión sobre el sistema general.
Por ahora no se han detallado qué empresas estarían afectadas ni cómo se implementaría o supervisaría el plan. Tampoco hay plazos definidos ni incentivos regulatorios concretos. Según fuentes cercanas al proceso, la Casa Blanca prevé reunirse con compañías tecnológicas a comienzos de marzo para formalizar el marco de actuación.
IA, competencia con China y coste energético
La administración Trump ha defendido el impulso de la inteligencia artificial como un eje estratégico frente a China. La competencia tecnológica entre ambas potencias sitúa la capacidad de cómputo y la infraestructura de datos en el centro de la política industrial estadounidense.
Pero el despliegue acelerado de centros de datos ha abierto un frente sensible: el impacto en las tarifas eléctricas. Este factor puede convertirse en un asunto político de primer orden de cara a las elecciones legislativas de noviembre, especialmente si el debate público se centra en quién paga la transición digital.
La presión no proviene solo del ámbito político. El operador de red PJM Interconnection, el mayor de Estados Unidos, presentó en enero un plan que obliga a los nuevos grandes consumidores eléctricos a aportar nueva capacidad de generación o a limitar su consumo en momentos de máxima tensión. Es una señal clara de que el modelo actual necesita ajustes ante la llegada de cargas masivas vinculadas a la IA.
Movimientos previos en el sector
Algunas compañías ya habían empezado a mover ficha antes del anuncio presidencial. Firmas como Anthropic y Microsoft comunicaron iniciativas orientadas a reducir la presión sobre el sistema eléctrico y minimizar el efecto en los consumidores.
Estas acciones muestran que el debate energético no es nuevo dentro del sector tecnológico. La diferencia ahora es el tono: la Casa Blanca introduce la posibilidad de convertir esa responsabilidad en una obligación estructural y no solo en un compromiso voluntario.
Centros de datos: de infraestructura invisible a asunto político
La expansión de la inteligencia artificial ha transformado los centros de datos en infraestructura crítica. Lo que antes era un activo casi invisible se ha convertido en un nodo estratégico cuyo consumo compite con el residencial y el industrial.
Exigir que las grandes tecnológicas construyan sus propias plantas implica inversiones multimillonarias, cambios en la planificación energética y una redefinición del equilibrio entre red pública y generación privada. También abre interrogantes regulatorios: ¿qué tipo de energía podrán producir?, ¿cómo se integrará en el sistema nacional?, ¿habrá supervisión federal?
Más allá de los detalles pendientes, el mensaje político es contundente: la carrera por liderar la IA no puede trasladar su coste directamente a los consumidores. En plena competencia global y con presión electoral interna, la energía emerge como uno de los cuellos de botella de la economía digital.El debate apenas comienza, pero deja una señal inequívoca para el ecosistema tecnológico: el crecimiento de la IA ya no depende solo de chips y algoritmos. Depende, sobre todo, de megavatios.
