El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sellado un acuerdo con los sindicatos para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras casi 20 meses de negociación. El pacto, firmado esta semana, sale adelante sin el respaldo de CEOE y CEPYME. La reforma avanza sin consenso empresarial, un escenario que vuelve a tensionar el diálogo social.
La actualización obligará a miles de pymes, autónomos con empleados y compañías de mayor tamaño a revisar sus protocolos internos. No es un ajuste menor: hablamos de procedimientos diarios, evaluaciones de riesgos y organización del trabajo. El desacuerdo en la mesa tripartita reabre la discusión sobre el estado real del diálogo social en España.
Una negociación larga y con final abrupto
Desde la firma de la Estrategia Española para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en 2023 se celebró una docena de reuniones entre el Ministerio, sindicatos y patronales. Sin embargo, CEOE y CEPYME sostienen que el texto completo de la reforma no se presentó hasta septiembre de 2025, lo que, a su juicio, dificultó cerrar un acuerdo técnico.
Las organizaciones empresariales señalaron que la ministra planteó la posibilidad de aprobar desarrollos reglamentarios sin debate previo ni trámite parlamentario. Consideran que esa vía debilita los principios del diálogo social. Desde el Ministerio, en cambio, se reprochó públicamente la falta de respaldo empresarial en la fase decisiva de la negociación. La ruptura no es formal, pero sí política.
Cambios con impacto directo en pymes y microempresas
La reforma incorpora líneas ya avanzadas en la consulta pública abierta en enero. Entre los ejes principales destacan:
- Mayor atención al teletrabajo y la desconexión digital.
- Adaptación de la prevención a permisos por fenómenos meteorológicos.
- Refuerzo de la protección frente a riesgos emergentes.
Uno de los puntos más sensibles es la creación de agentes territoriales para supervisar la prevención en pequeñas y medianas empresas, especialmente en aquellas sin representación legal de los trabajadores. En España, donde predominan negocios de menos de diez empleados, esta figura puede traducirse en nuevas visitas, requerimientos y ajustes operativos.
La reforma también amplía la protección de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y refuerza la atención a riesgos psicosociales y ergonómicos, cada vez más visibles con el trabajo a distancia. No se trata solo de cascos y señalización industrial; también de carga mental, pausas y ergonomía en casa.
Una visión más amplia de la prevención
El texto apuesta por una concepción más integral de la salud laboral. Incorpora la perspectiva de género y la diversidad generacional, con el objetivo de adaptar las condiciones a la evolución psicofisiológica de los trabajadores. La prevención deja de centrarse exclusivamente en el riesgo físico y amplía el foco a factores organizativos y digitales.
Además, se alinean las directrices de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la normativa actualizada, buscando coherencia entre supervisión y marco legal. Esto implica que los criterios de inspección se ajustarán a los nuevos estándares.
La patronal insiste en que la mesa de negociación es clave para el presente y el futuro del mercado laboral español y reclama retomar el diálogo. A su juicio, el proceso ha estado más marcado por decisiones políticas que por un consenso técnico en salud laboral.Con el acuerdo ya firmado, la reforma inicia su recorrido institucional. Para startups, pymes tecnológicas y empresas en crecimiento, el reto es concreto: adaptar sus modelos organizativos a un marco de prevención que ya evalúa riesgos físicos, digitales y psicosociales bajo el mismo paraguas normativo.
