La inflación vuelve a poner presión sobre la economía española. El Índice de Precios al Consumo cerró mayo en el 3,2% interanual, el mismo nivel registrado en abril, según el dato definitivo del INE. No hay una aceleración clara, pero tampoco el alivio que el Gobierno esperaba antes de tomar una decisión sobre qué hacer con las ayudas aprobadas para contener el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.
El calendario aprieta. Las medidas vigentes expiran el 30 de junio y el Ejecutivo debe decidir si las prorroga, las amplía o cambia su alcance. La decisión afectará a sectores muy expuestos a los costes energéticos, como el transporte, la logística o el turismo, pero también al bolsillo de los hogares. Porque cuando los precios dejan de bajar, la sensación de alivio tarda mucho más en llegar.
La inflación subyacente vuelve a encender las alarmas
Aunque el IPC general se mantuvo estable, el dato más delicado está en la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos por su mayor volatilidad. El INE la situó finalmente en el 3,0%, una décima por encima de la estimación avanzada a finales de mayo y dos décimas más que en abril.
Ese repunte no es menor. Indica que la presión de los precios empieza a ir más allá de los elementos más ligados a la energía o al conflicto internacional. Para empresas y consumidores, significa que el encarecimiento no se limita a llenar el depósito o pagar la factura eléctrica, sino que también empieza a sentirse en otros gastos del día a día.
El comportamiento mensual confirma esa tensión. Los precios subieron en mayo un 0,1% respecto a abril, impulsados sobre todo por la hostelería. En sentido contrario, la bajada de los combustibles ayudó a contener el avance, en un contexto marcado por la moderación del petróleo ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
Turismo, billetes de avión y carburantes: los focos de presión
Entre los elementos que empujaron los precios al alza destacaron los billetes de avión, que se encarecieron frente a la caída registrada en mayo del año pasado. Este movimiento se vincula a las dudas sobre una posible crisis de suministro de queroseno, el combustible utilizado por la aviación.
También tuvieron peso los paquetes turísticos, que bajaron menos que en 2025. El dato llega justo antes de la temporada alta, un periodo clave para hoteles, aerolíneas, agencias de viaje y plataformas digitales del sector. ¿Hasta qué punto puede condicionar el encarecimiento las decisiones de consumo durante el verano? Esa será una de las claves de los próximos meses.
Los carburantes siguen siendo otro punto sensible. Según la valoración del Gobierno, sin las medidas fiscales aprobadas la inflación de los carburantes habría sido aproximadamente el doble de la registrada en mayo, cuando se situó en el 15,9%.
La lectura para las empresas es clara: cualquier movimiento en energía y transporte puede trasladarse rápidamente a la cadena de costes. Y eso afecta tanto a grandes operadores logísticos como a negocios más pequeños que dependen del reparto, los desplazamientos o el suministro regular de mercancías.
Los alimentos moderan la subida, pero la cesta sigue bajo presión
El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ayudó a contener el IPC. Su inflación interanual se moderó hasta el 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. La explicación está en la evolución de productos frescos como frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas.
Las frutas y los frutos de cáscara subieron menos que un año antes. Al mismo tiempo, hortalizas, legumbres y patatas cayeron con más intensidad que en 2025. Esa combinación alivió parte de la presión sobre la cesta de la compra, aunque no elimina el impacto acumulado que muchos hogares arrastran desde meses anteriores.
También ayudó a reducir la inflación el comportamiento de la ropa, cuyos precios descendieron en mayo frente al aumento registrado en el mismo mes del año anterior. Sin estos movimientos, la fotografía general habría sido menos favorable.
El Gobierno consulta a los sectores más afectados
El Ejecutivo sostiene que las medidas en vigor están ayudando a amortiguar el golpe del shock externo sobre los precios y sobre la renta de los hogares. Aun así, la decisión sobre su continuidad sigue abierta.
El ministro Carlos Cuerpo ha iniciado contactos con los sectores más afectados por la subida de costes para definir qué actuaciones podrían mantenerse o ampliarse después del 30 de junio. Transporte y logística aparecen entre las actividades más expuestas, por su dependencia directa de los carburantes y por el efecto que cualquier aumento de costes puede tener sobre toda la cadena de suministro.
En energía, los datos recogidos en la información de referencia apuntan a caídas del 5,5% en la electricidad y del 9,7% en el gas natural antes de que expiraran las rebajas aplicadas a estos componentes. La evolución de estos precios será clave para medir el alcance final del nuevo paquete de medidas.
La cuestión de fondo es hasta dónde puede llegar el Gobierno sin mantener de forma indefinida un escudo fiscal que nació para responder a una situación extraordinaria. Si los precios se resisten a bajar, retirar las ayudas demasiado pronto puede tener coste económico y político. Mantenerlas, en cambio, también exige margen presupuestario.
Cinco comunidades superan la media nacional
La inflación no se comportó igual en todo el territorio. Cinco comunidades autónomas registraron un dato superior a la media nacional: Madrid, Cantabria, Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha.
Por debajo del promedio se situaron Aragón, Cataluña, Andalucía, Melilla, Asturias, Murcia, La Rioja, Extremadura y Ceuta. En línea con la media nacional quedaron Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Navarra y País Vasco.
El IPC armonizado, utilizado para comparar la inflación española con la del resto de la Unión Europea, se situó en el 3,6%, una décima más que en abril. En este indicador, la inflación subyacente alcanzó el 3,2%, dos décimas por encima del mes anterior.
La inflación no se dispara, pero se resiste a bajar. Y esa resistencia llega justo cuando el Gobierno debe decidir si mantiene, ajusta o retira parte del escudo económico levantado para contener el impacto de la guerra y de la presión energética.
