Europa mueve de nuevo el calendario de una de sus grandes apuestas tecnológicas. La Comisión Europea, a través de EuroHPC JU, prevé abrir en julio la convocatoria oficial para seleccionar las futuras gigafactorías de inteligencia artificial, grandes centros de cómputo llamados a reforzar la capacidad europea en IA.
El proceso llega con retraso. Primero se situó entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Después se manejaron febrero y marzo como posibles fechas. Ninguna de esas ventanas llegó a materializarse.
El pulso entre Bruselas y los Estados miembros
La explicación está en la complejidad de las negociaciones entre EuroHPC y los Estados miembros. Bruselas quiere que los países interesados compitan en condiciones equilibradas, pero sin rebajar el nivel de una iniciativa que se ha convertido en una pieza clave para desarrollar inteligencia artificial europea con infraestructuras propias.
Hasta ahora, la Comisión había trabajado con una primera fase de expresión de interés, sin carácter vinculante, para medir la participación de los Estados miembros. La convocatoria prevista para julio será el siguiente paso formal en una carrera que ya ha despertado más interés del esperado.
Cinco centros para sostener la IA europea
El plan comunitario contempla la construcción de cinco gigafactorías de IA. Cada instalación estaría equipada con cerca de 100.000 chips de IA de última generación y tendría una potencia cuatro veces superior a la de las actuales fábricas de inteligencia artificial.
La inversión prevista para levantar estas infraestructuras asciende a 20.000 millones de euros. Esa cifra se integra en una estrategia más amplia de 200.000 millones de euros con la que la Unión Europea quiere impulsar el desarrollo de la IA dentro del continente.
El nuevo calendario también tiene lectura presupuestaria. La Comisión considera que abrir la convocatoria en julio permite a los Estados miembros comprometer fondos de forma gradual y conectar el proyecto con el próximo Marco Financiero Plurianual, que definirá las bases presupuestarias de la UE entre 2028 y 2034.
Aun así, los plazos seguirán siendo exigentes. Las gigafactorías deberían estar listas entre 2027 y 2028, lo que obliga a acelerar la selección de candidaturas, cerrar los esquemas de financiación y coordinar a los socios públicos y privados.
Más propuestas de las previstas
La competición por alojar estas infraestructuras ha superado las previsiones iniciales. En una primera valoración realizada en 2025, la Comisión registró 76 propuestas procedentes de 16 Estados miembros para 60 emplazamientos diferentes.
España parte con una posición relevante. El reglamento aprobado por Europa en enero permite ampliar de forma sustancial una fábrica de IA para convertirla en gigafactoría.El país cuenta con dos fábricas de IA, situadas en Barcelona y Galicia, un punto que puede reforzar sus opciones frente a otras candidaturas.
Hasta ahora, han trascendido tres propuestas vinculadas al país. Una se ubica en Móra La Nova, en Tarragona. Otra corresponde al centro de Iron Mountain en San Fernando de Henares, en Madrid. También se conocieron las propuestas de Merlin Properties, que finalmente puso a disposición de Portugal su campus para centro de datos en Lisboa, mientras que en España ofreció la alternativa del campus de Bilbao-Arasur, compartido con Iberdrola.
Tarragona gana peso en la candidatura española
España ya ha movido ficha con la aprobación de la sociedad mercantil responsable del proyecto de gigafactoría en Tarragona. La estructura deja el control mayoritario en manos privadas, con un 51% gestionado por empresas.
El consorcio estará integrado por Banco Santander, ACS y Telefónica, cada una con una participación del 15,67%, y porMultiverse Computing, que contará con un 4%. El Gobierno tendrá un 47,99% a través de SEPI Digital, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, mientras que el Govern de Cataluña asumirá un 1%.
La sociedad nace con un esquema flexible, pensado para adaptarse a las siguientes fases del proyecto y facilitar la entrada de nuevos socios si fuera necesario. En la aprobación no aparecieron otros nombres que habían sonado en etapas anteriores, como Submer, Nvidia o MasOrange.
La candidatura española contempla movilizar cerca de 4.000 millones de euros de inversión público-privada. Dentro de esa cantidad, el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT, después de que Óscar López hubiera avanzado que la aportación del Ejecutivo se situaría entre 600 y 800 millones.
La pregunta ahora es quién llegará a julio con más trabajo hecho. El aplazamiento de Bruselas no cambia el fondo de la competición: Europa quiere levantar infraestructuras capaces de sostener su propia estrategia de IA y reducir dependencias tecnológicas. La diferencia es que algunos países ya están preparando sus candidaturas antes de que la convocatoria se abra de forma oficial.
España, con Tarragona como propuesta más avanzada, llega a esa fase con parte del terreno despejado. En una carrera donde cuentan la capacidad técnica, la financiación y la coordinación institucional, ese margen puede ser decisivo.
