La implantación obligatoria del sistema Verifactu, promovido por la Agencia Tributaria para la verificación de facturas, se pospone hasta 2027. El nuevo calendario fija enero de ese año para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y julio para pymes y trabajadores autónomos, alargando en doce meses los plazos inicialmente previstos.
El aplazamiento se formaliza mediante un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo justifica la medida por la necesidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y conceder más tiempo para la adaptación tecnológica del tejido empresarial, una demanda trasladada desde distintos ámbitos del sector.
Qué regula Verifactu
La normativa define los requisitos que deberán cumplir los programas de facturación y la estandarización de los formatos de los registros, de modo que las facturas solo puedan emitirse mediante software certificado. El objetivo es asegurar la autenticidad, integridad y trazabilidad de cada documento, además de reforzar la capacidad de control de Hacienda.
El incumplimiento de estas exigencias puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros, según recoge la normativa vigente.
Grado de implantación actual
La adaptación sigue siendo limitada. De acuerdo con el Observatorio TeamSystem, elaborado por Ipsos, a mediados de noviembre solo el 8% de pymes y autónomos había implantado Verifactu, mientras que un 15% se encontraba en proceso. Estos datos reflejan las dificultades técnicas y organizativas para cumplir los plazos previstos en su aplicación.
Impacto en la gestión fiscal
Verifactu no introduce cambios en la fiscalidad. Las reglas actuales del IVA se mantienen intactas y la medida se centra exclusivamente en reforzar el control sobre los ingresos declarados y avanzar en la digitalización de la facturación.
Con este nuevo calendario, el conjunto del tejido empresarial cuenta con todo 2026 como margen adicional de adaptación, en un contexto donde la modernización de los procesos administrativos sigue marcando el ritmo de las obligaciones regulatorias.
