El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a todos los grupos parlamentarios a apoyar la ley de protección digital de los menores, un proyecto que busca blindar los derechos y la seguridad de niños y adolescentes en Internet. La propuesta se impulsa tras el informe “Infancia, adolescencia y bienestar digital”, elaborado por Unicef, Red.es y la Universidad de Santiago de Compostela, que traza una imagen inquietante del uso de la tecnología entre los jóvenes españoles.
El estudio revela que uno de cada diez menores de entre 11 y 18 años se considera adicto a las pantallas, y uno de cada siete muestra síntomas de depresión. Además, uno de cada cuatro sufre acoso escolar y uno de cada diez, ciberacoso. Las cifras reflejan un patrón claro: la exposición continua a redes sociales, videojuegos y contenidos digitales está generando una presión psicológica sin precedentes.
La ley que quiere frenar el “todo vale” digital
La futura normativa busca tipificar nuevos delitos en el entorno online, reforzar los derechos digitales de la infancia y elevar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales. También obligará a los fabricantes de móviles, tablets y ordenadores a incorporar sistemas de control parental efectivos, una medida que el Ejecutivo considera clave para compartir la responsabilidad con las tecnológicas.
España no seguirá el camino de otros países europeos que proponen prohibir el móvil hasta los 18 años, pero sí pretende establecer un marco que combine libertad y seguridad digital. Según el Gobierno, el objetivo no es restringir, sino educar y proteger.
Salud mental y educación digital, ejes de la estrategia
El informe de Unicef establece una relación directa entre el tiempo de pantalla y el deterioro emocional. Casi un 30 % de los adolescentes que pasan más de cuatro horas diarias frente a dispositivos cree que no puede superar sus problemas personales; el doble que quienes hacen un uso más moderado.
Para responder a esta tendencia, el Gobierno ha destinado 130 millones de euros a las comunidades autónomas con el fin de reforzar los equipos de psicología del sistema público, además de 17 millones adicionales para programas de prevención del suicidio. El objetivo: reducir el impacto psicológico de la presión digital, del ciberacoso y de la comparación constante en redes.
Tecnología y violencia digital: una nueva frontera
El debate sobre la regulación cobró fuerza tras el suicidio de Sandra Peña, una adolescente sevillana de 14 años víctima de bullying y ciberacoso. El caso ha reabierto la discusión sobre el acoso permanente que permite la tecnología, capaz de prolongar el daño las 24 horas del día.
El informe advierte también de un problema creciente: uno de cada tres adolescentes afirma que su pareja revisa su móvil constantemente, una forma de control digital y violencia de género online. Frente a ello, la nueva ley prevé penalizar los “deepfakes” y otras falsificaciones creadas con inteligencia artificial, sobre todo las de contenido sexual o vejatorio, que cada vez afectan a más menores.
Las tecnológicas, en el punto de mira
El Gobierno ha reclamado a plataformas y fabricantes tecnológicos que asuman su parte de responsabilidad con la misma rapidez con la que lanzan nuevos productos. “No puede recaer todo en las familias”, insisten desde Moncloa, señalando que muchos padres se sienten desbordados ante la gestión digital de sus hijos.
La ley de protección digital de la infancia se integra en una estrategia más amplia de bienestar digital, con la que España pretende equilibrar el avance tecnológico y la defensa de los derechos fundamentales. Para el ecosistema digital y las startups del país, este marco abre una nueva etapa: la innovación deberá ir de la mano de la responsabilidad social.
Crecer con criterio en la era de la IA
Más que una regulación, la norma busca un cambio cultural: educar a los menores para usar la tecnología sin quedar atrapados por ella. España da así el primer paso hacia un nuevo modelo de convivencia digital, donde el bienestar psicológico y la protección de la infancia se sitúan en el centro del debate tecnológico.
