Airbnb afronta una multa de 64 millones de euros tras el cierre de un expediente del Ministerio de Consumo por permitir anuncios de viviendas turísticas sin licencia. Es la segunda sanción más alta impuesta a una sola empresa por este departamento, solo por detrás de la aplicada a Ryanair en noviembre de 2024.
La investigación arrancó en octubre de 2024, cuando la Dirección General de Consumo alertó a la plataforma de la presencia de publicidad ilícita. Según el ministerio, la compañía no frenó la publicación de anuncios de propietarios sin licencia ni evitó el uso de números de registro falsos o incorrectos.
Ante esa falta de corrección, Consumo abrió expediente en diciembre. Airbnb recurrió tanto ante el propio ministerio como ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldó en dos ocasiones la actuación administrativa. Finalmente, a finales de julio, la plataforma retiró más de 65.000 anuncios vinculados a la infracción.
Publicidad ilícita y prácticas desleales
El expediente identifica 65.122 anuncios con prácticas comerciales desleales que afectaban a consumidores. La sanción principal se fijó aplicando el criterio de proporcionalidad previsto en la normativa y equivale a seis veces el beneficio ilícito atribuido a esos anuncios.
Además, Consumo impuso sanciones adicionales:
- 10.000 euros por no informar sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, clave para determinar el nivel de protección al consumidor.
- 10.000 euros por obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción.
- 55.000 euros por incumplir obligaciones y prohibiciones dictadas por el órgano instructor, consideradas infracciones graves por su potencial perjuicio a los usuarios.
Un recorrido judicial que puede continuar
La resolución administrativa es firme y agota esa vía, aunque la normativa permite recurrir ante los tribunales. Desde el ministerio se asume que la plataforma podría seguir ese camino. ¿El precedente? El caso de Ryanair, que terminó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha confirmado, además, que mantiene otros expedientes en curso contra grandes operadores del sector inmobiliario. El objetivo es reforzar el control del cumplimiento de la normativa de vivienda.
Un año de sanciones de alto impacto
La multa a Airbnb se suma a un 2024 marcado por actuaciones relevantes de Consumo. En noviembre, el ministerio sancionó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas por prácticas como el cobro del equipaje de mano o la falta de transparencia en el precio final. Después llegaron 33 millones a operadores de juego online y 3,6 millones a Alquiler Seguro por vulnerar derechos de los consumidores. El mensaje es claro: más vigilancia y sanciones con cifras récord para quien no cumpla.
