El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 está técnicamente cerrado. Falta el visto bueno del Consejo de Ministros para enviarlo al Congreso e iniciar su tramitación. En el Ministerio de Hacienda el documento ya está preparado, pendiente únicamente de la decisión política final.
De momento, solo se ha hecho público el techo de gasto, fijado en 212.026 millones de euros, junto con los objetivos de estabilidad, que el Congreso rechazó en diciembre. Sin embargo, dentro del departamento se da por hecho que la novedad clave será un aumento inédito del gasto en defensa, tanto por volumen como por su integración directa en las cuentas.
Un salto estructural en defensa
El Ejecutivo incorpora en las nuevas Cuentas su compromiso con la OTAN de destinar el 2,1% del PIB a seguridad y defensa. En 2025, los 10.417 millones asignados a este ámbito se financiaron con fórmulas extraordinarias, como el uso del Fondo de Liquidez Autonómica o créditos no ejecutados de otros ministerios. Es decir, dinero reasignado sobre la marcha.
Para 2026, la estrategia cambia: las partidas quedarían recogidas desde el inicio en el proyecto presupuestario. No sería un ajuste posterior, sino una previsión formal incluida en el texto que se debate en las Cortes.
Desde Hacienda admiten que la minoría parlamentaria complica la aprobación. Aun así, la intención es dejar constancia del compromiso en un documento oficial que funcione como referencia política y mecanismo de control, incluso si finalmente no prospera. ¿Puede un presupuesto que no se apruebe condicionar igualmente la agenda económica? En la práctica, sí.
34.000 millones hasta 2037
El refuerzo se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el presidente Pedro Sánchez en abril de 2025. El programa incluye 31 Programas Especiales de Modernización destinados a actualizar equipamiento terrestre, naval y aéreo, además de reforzar capacidades en ciberseguridad.
El volumen previsto alcanza los 34.000 millones de euros hasta 2037. No se trata solo de renovar material militar. También implica contratos tecnológicos, sistemas de comunicaciones, modernización de infraestructuras y desarrollo industrial vinculado a la defensa.
Durante 2025, distintos Consejos de Ministros aprobaron compromisos de gasto asociados a estos programas, con impacto en varios ejercicios presupuestarios. Las decisiones ya están tomadas; ahora deben consolidarse en un marco contable estable.
31.793 millones adjudicados en un año
Un informe del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, titulado Rearme 2025, cifra en 31.793 millones de euros el total adjudicado en 2025 en materia militar, según datos del Portal de Contratación del Estado. La cifra multiplica por más de ocho lo adjudicado en 2024 y supera el acumulado del periodo 2018-2024.
Las principales secciones implicadas son los Ministerios de Defensa y de Industria y Turismo. También canalizan recursos empresas públicas integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, como Navantia, y entidades como el CDTI.
Este flujo de inversión trasciende lo estrictamente militar. Impacta en la industria tecnológica, la cadena de suministro industrial y los programas de innovación en ciberdefensa. Un contrato de modernización naval, por ejemplo, arrastra a decenas de proveedores tecnológicos y pymes industriales.
El equilibrio político
El desafío no es solo presupuestario. Es político. El Ejecutivo debe cumplir compromisos internacionales en el marco de la OTAN y, al mismo tiempo, mantener el apoyo de sus socios parlamentarios.
La demora en la presentación del proyecto responde, según fuentes del entorno gubernamental, a la dificultad de visibilizar partidas que generan rechazo en parte de los grupos que sostienen al Gobierno. En los dos últimos ejercicios sin Presupuestos aprobados, se recurrió a modificaciones de crédito y transferencias entre partidas, mecanismos legales pero menos transparentes para el debate público.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que la presentación de las Cuentas de 2026 se producirá en el primer trimestre. Desde el Ministerio insisten en que el texto está en fase de trabajo con los grupos parlamentarios y listo para iniciar la negociación formal.
El calendario aprieta
Desde el 1 de enero sigue vigente la prórroga automática de los Presupuestos de 2023. Es un instrumento legal habitual cuando no hay nuevas cuentas aprobadas, pero limita la capacidad de maniobra política.
El tiempo juega en contra. Cuanto más se retrase la tramitación de 2026, antes comenzará a activarse el proceso para 2027. En marzo, Hacienda debe reactivar la maquinaria: los ministerios remiten previsiones de gasto y prioridades, y el departamento elabora la orden ministerial con los criterios para las nuevas Cuentas, que después se informa en Consejo de Ministros y se publica en el BOE.
A partir de ahí, el ciclo vuelve a empezar. El desenlace de los Presupuestos 2026 no solo definirá el rumbo del gasto en defensa y seguridad. También marcará la capacidad real del Gobierno para articular su política económica en un Parlamento fragmentado y con márgenes cada vez más estrechos.
