La factura electrónica obligatoria en España vuelve a retrasarse. El Gobierno ha fijado ahora su entrada en vigor para el 1 de octubre de 2027, tres meses después de las fechas que se manejaban anteriormente. El cambio redefine el calendario fiscal de miles de empresas y autónomos que todavía estaban preparando su adaptación.
La obligación afectará a operaciones entre negocios y profesionales, es decir, relaciones B2B. Las facturas emitidas a consumidores finales quedan fuera de esta fase. Para muchas pymes, esto supone más margen para organizar compras de software, revisar procesos internos y formar al personal.
Qué negocios tendrán que adaptarse primero
La implantación será escalonada. Las primeras en entrar serán las empresas y profesionales con una facturación superior a 8 millones de euros al año, que deberán cumplir desde el 1 de octubre de 2027.
El resto de compañías y autónomos tendrán un año adicional. En su caso, la exigencia arrancará el 1 de octubre de 2028. Este reparto busca evitar un impacto simultáneo sobre todo el tejido empresarial. No es lo mismo una gran empresa con departamento financiero propio que un autónomo que gestiona solo su facturación diaria.
Verifactu y factura electrónica ya no llegarán a la vez
Uno de los cambios más relevantes es la separación entre la factura electrónica y Verifactu, el sistema que exigirá programas capaces de registrar cada factura emitida y comunicarla a la Agencia Tributaria, o conservarla bajo determinadas condiciones. El nuevo calendario queda así:
- 1 de enero de 2027: Verifactu para empresas
- 1 de julio de 2027: Verifactu para autónomos
- 1 de octubre de 2027: factura electrónica para negocios con más de 8 millones de euros
- 1 de octubre de 2028: factura electrónica para el resto
La decisión reduce la presión operativa. Muchas empresas temían tener que cambiar programas, adaptar procesos y asumir nuevas obligaciones en el mismo momento.
La plataforma pública de Hacienda toma forma
El Ministerio de Hacienda ya ha publicado el proyecto de Orden que regulará la futura plataforma pública de facturación. El texto permanecerá abierto a observaciones hasta el 8 de mayo.
Ese sistema permitirá emitir facturas digitales desde una herramienta pública. La Agencia Tributaria ofrecerá un formulario para generar documentos que quedarán disponibles de forma inmediata para la Administración. Quienes prefieran seguir con soluciones privadas podrán hacerlo. Eso sí, deberán remitir automáticamente una copia fiel de cada factura al sistema público.
Más control sobre pagos y cobros
La reforma no solo cambia el formato de las facturas. También incorpora nuevas obligaciones informativas sobre su estado. Los destinatarios tendrán que comunicar datos como:
- fecha de recepción
- entrega del bien o prestación del servicio
- vencimiento del pago
- pago realizado o rechazo de la factura
Por su parte, quien emite la factura deberá informar sobre el cobro o el impago. Incluso podrá señalar discrepancias si no coincide con la fecha comunicada por la otra parte. El objetivo es mejorar la trazabilidad de cada operación comercial y reducir conflictos entre proveedores y clientes.
Qué ocurrirá si hay errores o fallos técnicos
Hacienda prevé que las facturas erróneas puedan anularse dentro de la solución pública, aunque quedará constancia del movimiento realizado. Además, ambas partes recibirán confirmación de recepción tanto de las facturas como de las comunicaciones vinculadas.
Si la plataforma pública sufre una incidencia técnica, las empresas dispondrán de cuatro días desde la recuperación del servicio para enviar la documentación pendiente.
Cuenta atrás para miles de negocios
La Orden Ministerial entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, como paso previo al despliegue completo. La factura electrónica ya no es una idea futura ni una promesa normativa. Se convierte en un cambio real que exigirá planificación, nuevas herramientas y mayor control administrativo.
