El Gobierno ha decidido dar un paso más en el pulso con las grandes plataformas digitales. El Consejo de Ministros solicitará a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial, activando el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La medida no implica una sanción inmediata. Supone trasladar al Ministerio Fiscal la responsabilidad de analizar si existen indicios penales vinculados a contenidos generados con IA que afecten a menores. Es un movimiento procesal, pero con fuerte carga política y simbólica.
El presidente Pedro Sánchez comunicó la decisión a través de redes sociales y defendió que el Estado no puede permitir que determinadas plataformas vulneren la salud mental, la dignidad y los derechos de los menores. El mensaje apunta a la responsabilidad directa de las plataformas en la moderación y control de sistemas generativos integrados en sus entornos.
Investigación sobre las grandes plataformas
La iniciativa coloca bajo escrutinio a tres actores centrales del ecosistema digital global: X, Meta y TikTok. El Ejecutivo sostiene que la expansión de modelos capaces de producir imágenes sintéticas ha abierto una nueva dimensión de riesgo en la protección de la infancia.
La activación del artículo 8 permite al Gobierno instar formalmente a la Fiscalía a investigar posibles delitos. No prejuzga responsabilidades, pero sí obliga a examinar si la creación o circulación de este tipo de material puede derivar en consecuencias penales.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, enmarcó la decisión como un avance en la defensa de los derechos de los menores en el entorno digital. Recordó que en enero ya se había pedido a la Fiscalía que analizara si X había incurrido en delitos relacionados con pornografía infantil. Ahora, el mecanismo legal se activa de forma oficial.
Grok y la presión europea sobre la IA generativa
El debate no se limita al ámbito nacional. La Comisión Europea abrió el 26 de noviembre una línea de investigación sobre Grok, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Elon Musk para su integración en X.
Según una investigación publicada por el Center for Countering Digital Hate y recogida por The New York Times, la herramienta llegó a compartir más de tres millones de imágenes sexualizadas en once días. De ellas, 23.000 correspondían a menores, incluyendo la posibilidad de generar imágenes directamente dentro de la plataforma.
Estas cifras han elevado la presión institucional. Cuando un modelo puede producir y distribuir imágenes sintéticas a escala masiva en cuestión de segundos, los marcos tradicionales de supervisión de contenidos quedan desbordados. La cuestión ya no es solo moderar publicaciones, sino anticipar qué permite el propio diseño del sistema.
Redes sociales en el centro del debate político
La actuación contra X, Meta y TikTok se inscribe en una estrategia más amplia. El 6 de febrero, Sánchez anunció un paquete de cinco medidas orientadas a reforzar la regulación de las redes sociales, entre ellas la restricción del acceso a menores de 15 años.
El Ejecutivo sostiene que el entorno digital no siempre garantiza el cumplimiento efectivo de las normas y que ciertos delitos encuentran en estas plataformas un espacio de expansión. La iniciativa deberá debatirse en el Congreso de los Diputados.
Según lo trasladado por el Gobierno, existe un clima de consenso con el principal partido de la oposición en torno a la necesidad de fortalecer la protección de la infancia frente a riesgos digitales. La discusión, no obstante, se anticipa compleja: afecta a libertades individuales, modelos de negocio y competencias regulatorias.
Francia y el giro europeo
España no es el único país que mueve ficha. A finales de enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y limita el uso de teléfonos inteligentes en centros educativos. La norma entrará en vigor al inicio del próximo curso. La convergencia de iniciativas apunta a una tendencia europea hacia un mayor escrutinio de las plataformas tecnológicas y del uso de inteligencia artificial en la generación de contenidos.
El reto es evidente: equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección efectiva de derechos fundamentales. La decisión del Gobierno abre un frente jurídico y político que puede marcar un precedente en la regulación de la IA aplicada a redes sociales. Ahora la palabra la tiene la Fiscalía.
