La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas fue uno de los grandes compromisos del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. También una de las medidas más utilizadas por Yolanda Díaz como bandera política. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no incluirla en su hoja de ruta normativa para 2026, un movimiento que deja en evidencia las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante algunas de sus reformas más visibles.
El nuevo Plan Anual Normativo, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso elDiario.es, sí incorpora el endurecimiento del registro horario en las empresas mediante real decreto. Pero la ley estrella para reducir la jornada desaparece del calendario legislativo, al menos de momento. La ausencia no pasa desapercibida, sobre todo después del revés sufrido en el Congreso el pasado septiembre, cuando PP, Vox y Junts tumbaron la iniciativa.
Desde entonces, Díaz ha insistido públicamente en que no renuncia a la medida. Aun así, el Gobierno ha optado por centrar sus esfuerzos inmediatos en un plan alternativo: reforzar el control horario sin necesidad de pasar por el Parlamento. Esa vía permitiría acelerar cambios en las empresas evitando una negociación parlamentaria que hoy parece complicada.
El problema es que incluso ese “plan B” acumula obstáculos. El Ministerio de Economía, ahora liderado por el vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene diferencias relevantes con Trabajo sobre el contenido del decreto. Uno de los principales choques tiene que ver con los plazos de adaptación para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores donde todavía se usan sistemas de fichaje muy básicos o directamente hojas en papel.
Además, el dictamen del Consejo de Estado ha añadido presión. El órgano consultivo no solo cuestionó parte del contenido del texto, también planteó dudas sobre el instrumento jurídico elegido. La tensión entre Economía y Trabajo vuelve así a quedar expuesta, algo que ya se había visto en anteriores negociaciones laborales dentro del propio Ejecutivo.
Pese a ello, Yolanda Díaz mantiene públicamente la intención de aprobar el decreto antes del verano y con cambios mínimos respecto al texto pactado con los sindicatos. Carlos Cuerpo, en cambio, se ha mostrado más prudente y ha evitado comprometer fechas cerradas mientras continúan analizando el informe jurídico.
Reformas laborales con difícil recorrido parlamentario
La reducción de jornada no es la única reforma que afronta un escenario incierto. El plan normativo también recoge otras iniciativas laborales de gran impacto político y económico que necesitarán mayorías parlamentarias complejas.
Entre ellas destacan:
- La reforma del despido improcedente.
- La modernización de la prevención de riesgos laborales.
- La ley de democracia en la empresa para reforzar la participación de los trabajadores.
Todas estas medidas cuentan con el rechazo frontal de la patronal. Y algunas, además, generan incomodidad dentro del propio PSOE. La reforma del despido, por ejemplo, lleva meses provocando discrepancias internas entre el ala socialista y el espacio político de Sumar.
Con este panorama, el Ejecutivo está recurriendo cada vez más al real decreto para sacar adelante cambios relevantes sin depender tanto del Congreso. Es la fórmula elegida para medidas como impedir que las empresas compensen la subida del salario mínimo absorbiendo pluses salariales. También para adaptar la legislación española a directivas europeas pendientes, un retraso que ya amenaza con sanciones desde Bruselas.
En materia laboral también llama la atención la ausencia de dos decretos comprometidos con los sindicatos para abordar los riesgos derivados del cambio climático y los problemas psicosociales en el trabajo. Ambos asuntos provocaron recientemente fricciones entre CCOO y Yolanda Díaz, especialmente por la lentitud en el desarrollo de las medidas.
Seguridad Social y jubilación flexible
En el área de Seguridad Social, el plan normativo apuesta exclusivamente por reales decretos y deja fuera nuevas leyes de gran alcance. Aun así, el Ministerio de Elma Saiz prepara cambios relevantes.
Uno de ellos busca desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos, una reivindicación histórica de parte de los sindicatos del sector. También se estudian mejoras en el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho no registradas oficialmente.
El Gobierno prevé además reformar la jubilación flexible y reconocer como cotizados determinados años de actividad de deportistas profesionales anteriores a su integración en la Seguridad Social. Son medidas muy específicas, pero con impacto directo sobre colectivos concretos que llevaban tiempo reclamando soluciones.
El Gobierno promete Presupuestos, pero evita concretar fechas
Otro de los puntos más llamativos del plan es la inclusión de una futura Ley de Presupuestos Generales del Estado sin aclarar a qué ejercicio corresponderán esas cuentas públicas. Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo evita poner fecha concreta a sus Presupuestos.
La situación refleja hasta qué punto la incertidumbre política y económica condiciona la estrategia del Gobierno. Félix Bolaños insistió tras el Consejo de Ministros en que existe “voluntad” de aprobar unas nuevas cuentas, aunque aseguró que ahora mismo no es la prioridad.
El discurso coincide con el que el Ejecutivo mantiene desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo. La guerra entre Irán e Israel ha alterado previsiones económicas, tensionado los mercados energéticos y obligado a revisar parte del escenario macroeconómico sobre el que trabajaba Hacienda.
El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ya reconoció que la elaboración de los Presupuestos podría retrasarse semanas o incluso meses. Antes de presentar unas nuevas cuentas, el Gobierno quiere actualizar sus previsiones económicas y medir el impacto internacional del conflicto.
Carlos Cuerpo también admitió recientemente que el cuadro macroeconómico debe revisarse antes de iniciar formalmente el proceso presupuestario. Y ahí está una de las claves. Sin previsiones económicas actualizadas, Hacienda no puede construir unas cuentas públicas creíbles.
Más control sobre inversiones extranjeras
El área económica del Gobierno sí mantiene entre sus prioridades una nueva ley para reforzar el control sobre inversiones extranjeras. El objetivo es adaptar la normativa española a los nuevos criterios europeos en sectores considerados estratégicos.
La supervisión será especialmente estricta en ámbitos como:
- Infraestructuras digitales.
- Energía y transporte.
- Tecnologías de doble uso civil y militar.
- Materias primas críticas.
- Determinadas entidades financieras.
El Ejecutivo considera que el actual contexto geopolítico obliga a endurecer los filtros sobre determinadas operaciones internacionales. No es casualidad. Europa lleva meses aumentando su vigilancia sobre inversiones procedentes de países considerados sensibles en términos de seguridad y autonomía estratégica.
El plan también contempla crear un Comité de Inversiones Estratégicas para agilizar proyectos prioritarios con capital nacional o extranjero. Una herramienta con la que el Gobierno busca acelerar inversiones consideradas clave para la economía española en plena competencia global por atraer industria y tecnología.
