Superar la barrera de 50 trabajadores activa una cascada de obligaciones legales que muchas empresas no están preparadas para asumir. Si hace unos días los autónomos saltaban a la actualidad política, hoy analizamos el caso de las medianas empresas que quieren seguir creciendo, pero se encuentran con un grave problema que puede frenar su expansión.
Y es que, alcanzar los 50 empleados se ha convertido en un punto crítico para muchas pymes españolas. No solo marca un salto en estructura y gestión interna, sino también el inicio de una nueva etapa regulatoria que obliga a adoptar medidas adicionales en materia laboral, igualdad y cumplimiento normativo.
Llegar a los 50 empleados supone un salto cualitativo en la gestión interna y un cambio drástico en las obligaciones laborales. A partir de ese umbral, se activan exigencias que pueden resultar difíciles de asumir para organizaciones que aún no cuentan con una estructura consolidada.
Qué cambia al llegar a los 50 empleados
Entre las principales obligaciones destacan:
- Plan de Igualdad: debe incluir un diagnóstico previo, una negociación con la representación legal de los trabajadores —o con los sindicatos, si no la hay— y una auditoría retributiva para garantizar la igualdad salarial. El plan debe inscribirse en el registro público REGCON.
- Cuota de empleo para personas con discapacidad: las empresas deben reservar al menos el 2 % de los puestos a trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33 %. Esto implica adaptar procesos de selección, formación y promoción interna.
- Canal interno de denuncias: la ley exige un sistema que permita informar de irregularidades y proteja al denunciante. La ausencia de este canal puede acarrear multas de hasta un millón de euros en los casos más graves.
- Protocolos LGTBI y de acoso: las empresas deben contar con medidas para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar a 225.000 euros.
Un reto económico y organizativo
El impacto no se limita al coste económico. Duque advierte que la falta de planificación puede derivar en reclamaciones, recargos en prestaciones o incluso daños reputacionales que comprometan la viabilidad de una pyme.
Debate político y futuro incierto
En el plano político, el Partido Popular ha propuesto elevar el umbral de aplicación de estas medidas a 250 empleados, lo que reduciría la carga regulatoria para miles de pymes. Pero los expertos recuerdan que una reforma de este tipo requeriría cambios legislativos de alto rango y un proceso parlamentario largo y complejo.
Cómo prepararse para crecer sin sobresaltos
Los especialistas recomiendan a las empresas que se aproximen a esta cifra anticiparse con una auditoría interna preventiva. Identificar las obligaciones que se activarían y evaluar los recursos necesarios —técnicos, humanos y jurídicos— puede marcar la diferencia entre crecer con solidez o enfrentarse a sanciones inesperadas.
Contar con asesoramiento especializado y una hoja de ruta clara sigue siendo la mejor estrategia para cruzar el umbral de los 50 sin que el crecimiento se convierta en un problema.
