Las denuncias por violencia sexual digital contra menores han aumentado un 13% en España en solo dos años, según el último informe de Save the Children, Tras la pantalla. El dato confirma una tendencia al alza que preocupa a expertos y organizaciones de protección de la infancia. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que se consolida en los espacios digitales que forman parte del día a día de niños y adolescentes.
Entre 2023 y 2025, las denuncias registradas han pasado de 954 a 1.078 casos. La ONG advierte de que estas cifras reflejan únicamente los episodios que llegan a denunciarse, lo que deja fuera un número indeterminado de situaciones que permanecen ocultas. Plataformas sociales, videojuegos en línea y aplicaciones de mensajería aparecen de forma recurrente como los escenarios donde se producen estos abusos.
El informe identifica un patrón claro en el perfil de las víctimas. Las chicas representan cerca del 70% de los casos, y la edad más frecuente es 13 años. Es una etapa marcada por un uso intensivo de internet, tanto para relacionarse como para entretenerse. Tener un móvil propio, participar en chats o compartir imágenes se convierte en algo cotidiano. ¿Quién acompaña a los menores cuando ese uso se vuelve un riesgo?
Una de las prácticas más habituales es el online grooming, una forma de abuso basada en el engaño y la manipulación. Adultos contactan con menores fingiendo cercanía o intereses comunes, a menudo en entornos lúdicos como videojuegos o redes sociales. Con el tiempo, esa relación deriva en la solicitud de imágenes o vídeos de contenido sexual, que pueden acabar siendo utilizados para chantajear o coaccionar a la víctima.
El estudio también rompe con una idea extendida: el agresor no suele ser un desconocido. En el 42% de los casos, la persona que comete el abuso pertenece al entorno cercano del menor. Más alarmante aún es el incremento de los abusos en el ámbito familiar. Han pasado de representar un 3% a un 25% de los casos analizados, un salto que los expertos consideran especialmente grave por la dificultad que supone detectar y denunciar estas situaciones.
La respuesta judicial es otro de los puntos críticos señalados por Save the Children. Más del 60% de los procesos se prolongan durante más de tres años, y algunos superan los cinco. Durante ese tiempo, muchos menores deben declarar en varias ocasiones. En la práctica, esto significa volver a relatar los hechos una y otra vez ante distintos profesionales, con el impacto emocional que ello conlleva.
El informe pone cifras a esa realidad. El 65% de los menores tiene que declarar más de dos veces, lo que incrementa el riesgo de revictimización. La ONG insiste en que el sistema debe ser capaz de escuchar bien desde el primer momento y reducir al mínimo la exposición del niño o la niña a procedimientos que reabren el trauma.
Entre las medidas propuestas destaca la extensión del modelo Barnahus, un sistema de atención integral que centraliza en un mismo espacio la intervención judicial, médica y psicológica. El objetivo es sencillo: evitar que el menor tenga que pasar por comisarías, juzgados y consultas distintas. En Cataluña, donde este modelo ya funciona, se ha atendido a casi 3.000 menores, y su implantación comienza a extenderse a comunidades como Baleares, Euskadi o Navarra.
El informe subraya que la violencia sexual digital no es un problema tecnológico, sino social. Las herramientas existen, pero su uso sin supervisión y sin educación específica aumenta la vulnerabilidad de los menores. La protección de la infancia en internet exige prevención, formación y una respuesta institucional más ágil, en un contexto donde la pantalla se ha convertido en una parte central de la vida cotidiana.
