Las seis sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, dictadas el 18 de febrero de 2026, han introducido una referencia clave en la práctica concursal española y han incrementado la exigencia técnica en los procedimientos de segunda oportunidad. Lexitia afronta este nuevo escenario con una tasa de éxito del 96 % en sus últimos procedimientos y una Garantía de Éxito contractual con devolución de honorarios, una fórmula todavía poco habitual en el sector.
Madrid, junio de 2026. El año 2026 marca una etapa de mayor madurez para la Ley de Segunda Oportunidad en España. La reforma estructural aprobada por la Ley 16/2022 ya había facilitado el acceso al mecanismo al eliminar el acuerdo extrajudicial previo, reducir plazos e integrar el régimen dentro del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020). Sin embargo, la evolución jurisprudencial de este año ha terminado de perfilar el modo en que estos expedientes deben prepararse y resolverse.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha consolidado los criterios de proporcionalidad aplicables a la exoneración de deuda pública, conforme a la Directiva (UE) 2019/1023. Esa línea europea, especialmente vinculada a la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024 en los asuntos acumulados Corván, C-289/23, y Bacigán, C-305/23, ha tenido su reflejo en España mediante el bloque de sentencias dictado por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026, con efectos directos sobre la práctica concursal.
El Tribunal Supremo consolida criterio: las sentencias de febrero de 2026
Las sentencias n.º 259 a 264/2026, dictadas por la Sala Primera el 18 de febrero, han fijado una doctrina coherente y aplicable de forma inmediata en todo el territorio nacional. Analizadas en conjunto, sus principales consecuencias prácticas son las siguientes:
Comprobación judicial de la buena fe: el órgano judicial debe verificar de oficio si el solicitante reúne el requisito de buena fe necesario para acceder a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), aunque los acreedores no lo hayan alegado. Esta exigencia refuerza la necesidad de presentar desde el inicio un expediente documentado, ordenado y jurídicamente bien argumentado, conforme al artículo 487 y siguientes del TRLC.
Derivación de responsabilidad tributaria: la existencia de un acto administrativo de derivación de responsabilidad fiscal no impide automáticamente obtener el EPI. Para que pueda funcionar como causa de exclusión, esa derivación debe tener su origen en una conducta fraudulenta suficientemente acreditada, en aplicación del principio de proporcionalidad.
Crédito público: límites por cada Administración y accesorios subordinados: respecto al crédito principal de Derecho público, la exoneración cubre íntegramente los primeros 5.000 € y el 50 % hasta un máximo de 10.000 €, conforme al art. 489.1.5.º TRLC. Este límite se aplica de manera individualizada por cada Administración acreedora, no solo ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, sino también frente a administraciones autonómicas y locales. Además, el Tribunal Supremo precisa que los créditos públicos subordinados, como intereses de demora, recargos y sanciones, pueden exonerarse en su totalidad, sin quedar sometidos a ese límite económico.
Examen necesario de la exoneración parcial: cuando no resulte procedente conceder una exoneración total, el juzgado debe valorar obligatoriamente la posibilidad de una exoneración parcial mediante un plan de pagos proporcional a la capacidad económica del deudor, conforme a los artículos 490 y siguientes del TRLC.
Mayor revisión de las causas de exclusión: las condenas penales firmes por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, dentro de los plazos previstos en el TRLC, actúan como causa de exclusión. Por este motivo, antes de iniciar cualquier procedimiento resulta imprescindible estudiar la viabilidad del caso y revisar el historial del solicitante.
Esta jurisprudencia aproxima la práctica judicial española a los criterios de la Directiva (UE) 2019/1023 y confirma una conclusión cada vez más extendida entre los especialistas del sector: en los procedimientos de segunda oportunidad, el resultado depende en gran medida de la calidad técnica con la que se prepara, documenta y defiende cada expediente.
Qué permite realmente la Ley de Segunda Oportunidad
La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incorporada al ordenamiento español por la Ley 25/2015 y reformada en profundidad e integrada en el TRLC mediante la Ley 16/2022, permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia. En concreto, este mecanismo permite:
Cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y deudas con entidades financieras.
Suspender las ejecuciones individuales que estén en curso durante la tramitación del concurso, conforme a los efectos previstos en el TRLC para la insolvencia de la persona natural.
Exonerar determinadas deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, dentro de los límites y requisitos del TRLC precisados por el Tribunal Supremo, incluidos íntegramente los intereses y costes accesorios de carácter subordinado.
Iniciar una nueva etapa con seguridad jurídica y sin seguir soportando una carga económica imposible de afrontar.
Lexitia: especialización y resultados en 2026
En un mercado en el que la nueva doctrina del Tribunal Supremo exige expedientes más sólidos, completos y técnicamente precisos, Lexitia, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, se posiciona en el segmento de mayor exigencia para particulares y autónomos que necesitan acogerse a este mecanismo. En sus últimos 150 procedimientos tramitados, Lexitia registra una tasa de éxito del 96 %, según los datos internos de seguimiento del despacho.
Cuatro factores explican estos resultados:
Especialización exclusiva en Derecho Concursal y Segunda Oportunidad: el equipo concentra su actividad en esta materia y no desvía recursos hacia otras áreas jurídicas, lo que permite una dedicación íntegra a la práctica concursal.
Análisis de viabilidad previo riguroso: conforme a la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia estudia cada caso antes de iniciarlo. Este análisis permite identificar causas de exclusión del EPI, antecedentes penales relevantes, riesgos de derivaciones tributarias de origen fraudulento y posibles escenarios de exoneración parcial. Ningún procedimiento se pone en marcha sin una estrategia jurídica sólida.
Tecnología aplicada con garantías completas: la integración de herramientas de inteligencia artificial en la preparación y seguimiento del expediente contribuye a reforzar la documentación, con tratamiento de datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018.
Transparencia total en honorarios: sin costes ocultos, con planes desde 99 €/mes y consulta inicial gratuita. Las condiciones económicas y las garantías constan expresamente en el contrato de servicios, conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios.
Alberto Raba, Director de Lexitia, considera que el punto esencial no está en lanzar promesas imposibles, sino en revisar con rigor la viabilidad de cada expediente antes de ponerlo en marcha. Según explica, las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 confirman una metodología que Lexitia aplica desde el primer día: cercanía con el cliente, preparación profunda del caso y uso de herramientas tecnológicas para marcar la diferencia entre recuperar estabilidad o afrontar una resolución judicial desfavorable.
La Garantía de Éxito de Lexitia
Lexitia ofrece una Garantía de Éxito contractual, una fórmula poco habitual en el sector. No se trata de una promesa comercial genérica, sino de una condición recogida expresamente en el contrato de servicios, con requisitos, alcance y exclusiones definidos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). El contrato establece con precisión qué se considera éxito, cuándo puede activarse la devolución de honorarios y qué condiciones delimitan esta garantía.
La garantía se considera cumplida cuando el procedimiento finaliza mediante:
La obtención del EPI en modalidad de exoneración total o parcial del pasivo insatisfecho.
La aprobación judicial de un plan de pagos conforme a la normativa vigente.
Cualquier otra solución procesal ajustada a derecho planteada como escenario viable tras el análisis inicial.
Si el procedimiento no alcanza ninguno de estos resultados por una causa directamente imputable a una actuación negligente de Lexitia, el cliente tiene derecho a solicitar la devolución de los honorarios abonados, con la deducción de los costes administrativos mínimos detallados en el contrato. Esta estructura vincula los incentivos del despacho con el interés del cliente mediante una fórmula singular en el mercado de la cancelación legal de deudas.
Alberto Raba, Director de Lexitia, entiende que la Garantía de Éxito no responde a una acción de marketing, sino a la consecuencia natural de trabajar correctamente desde el primer momento. Según su planteamiento, cuando el análisis de viabilidad es riguroso y la preparación del expediente se realiza con precisión, el éxito se convierte en la norma y no en una excepción.
Cómo elegir despacho: cuatro criterios irrenunciables en 2026
A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia señala cuatro criterios que cualquier deudor debería comprobar antes de contratar un despacho:
Especialización real y exclusiva en Derecho Concursal, no como servicio añadido a otras áreas.
Transparencia total en honorarios desde el primer momento, con condiciones reflejadas en contrato.
Análisis de viabilidad previo adaptado a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, para no iniciar procedimientos abocados al rechazo.
Garantía contractual que vincule al despacho al resultado definido, con condiciones claras conforme a la normativa de consumidores.
Lexitia ofrece una primera consulta gratuita y planes de pago adaptados desde 99 €/mes, accesibles en toda España.
Sobre Lexitia
Lexitia es una legal tech española especializada en exclusiva en la Ley de Segunda Oportunidad y el Derecho Concursal, con sede en Madrid y atención en toda España. Su equipo combina experiencia jurídica concursal con un enfoque tecnológico diferencial y plena observancia de la normativa de protección de datos. Su propuesta está dirigida a quienes buscan abogado concursal para Segunda Oportunidad con análisis previo, estrategia jurídica y garantías contractuales.
Más información en lexitia.com.
