El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría alterar de forma significativa el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia en España. Según el documento presentado en el diálogo social, las cuotas de los autónomos podrían subir entre 11 y 206 euros al mes a partir de 2026, según el tramo de rendimiento neto en el que se sitúe cada profesional.
Muy poco ha durado la alegría para los autónomos, si ayer nos levantábamos con la sentencia del Supremo que permite a los autónomos deducirse el IVA de la luz y del internet, hoy han recibido este jarro de agua fría.
Un nuevo esquema por tramos
El plan plantea un sistema progresivo de cotización que busca equilibrar aportaciones y prestaciones. La idea es que quienes ganen menos no se vean penalizados en el futuro. Fuentes del Ministerio explican que el objetivo es “garantizar que nadie cotice por debajo de lo que realmente gana”, evitando así brechas con los asalariados en las prestaciones sociales.
Para 2026, las cuotas irían desde unos 217 euros mensuales para quienes declaren menos de 670 € al mes, hasta 796,24 € para los que superen los 6.000 €. En los tramos intermedios, se prevén aumentos graduales: por ejemplo, un autónomo que hoy paga unos 390 € podría pasar a abonar 428,53 € el próximo año.
El Gobierno pretende que esta senda de incrementos se mantenga de manera progresiva hasta 2031, completando una década de adaptación al modelo de cotización por ingresos reales.
Reacciones del colectivo autónomo
El anuncio no ha pasado inadvertido. Las principales asociaciones del sector han mostrado su rechazo.
- ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ha calificado el plan como un “nuevo sablazo”. Su presidente, Lorenzo Amor, ha dejado claro que no apoyarán la propuesta en su redacción actual.
- UPTA, aunque reconoce similitudes con el modelo acordado en 2022, adelanta que presentará observaciones técnicas. Entre sus preocupaciones destacan la situación de los autónomos del ámbito cultural y los creadores de contenido, cuyos ingresos suelen ser irregulares.
Otro frente de debate es la mejora del cese de actividad. ATA considera que las medidas planteadas son insuficientes: ni se garantiza un reconocimiento automático ni se corrigen los altos porcentajes de solicitudes rechazadas.
Un desafío político y social
Para que la reforma vea la luz, el Gobierno deberá superar dos grandes obstáculos:
- La aprobación parlamentaria, ya que el nuevo sistema requiere una modificación legal y no puede implementarse solo mediante acuerdos administrativos.
- El consenso con los colectivos y los partidos políticos, algunos de los cuales ya han mostrado su oposición a una subida que consideran excesiva.
Si no se alcanza un acuerdo antes de que termine el año, sobre la mesa está la opción de prorrogar las tarifas actuales de manera temporal para 2026.
Una reforma con luces y sombras
La propuesta busca adaptar las cotizaciones a los ingresos reales, una vieja reivindicación en el sistema español. Sin embargo, el aumento previsto es considerable y ha encendido las alarmas de un colectivo que ya soporta una carga fiscal elevada. Los autónomos reclaman que cualquier cambio se acompañe de mejoras claras en las prestaciones y de garantías que eviten un desequilibrio entre esfuerzo contributivo y protección social.
¿Podrá el Gobierno convencerlos de que esta subida es una inversión en sostenibilidad y no una carga adicional? Esa será la verdadera prueba política en los próximos meses.
