La Comisión Europea ultima un nuevo marco regulatorio para reforzar la producción industrial y devolver peso a la manufactura dentro del bloque. El plan, que verá la luz a finales de enero bajo el nombre de Industrial Accelerator Act, busca abrir una nueva etapa de reindustrialización apoyada en producción europea y menor dependencia exterior.
El objetivo está claramente definido: que la industria vuelva a representar al menos el 20 % del valor añadido bruto de la UE en 2030. Lograrlo implicaría revertir dos décadas de pérdida de peso industrial frente a otras economías avanzadas.
Un diagnóstico compartido en Bruselas
El punto de partida es un análisis asumido por las instituciones comunitarias. La industria europea ha tenido que convivir con costes energéticos elevados, una competencia internacional más agresiva y fuertes inversiones para descarbonizar sus procesos. A esto se suma un contexto geopolítico marcado por tensiones comerciales, subsidios en terceros países y cadenas de suministro más frágiles.
Desde la Comisión, reforzar la base industrial no se plantea solo como una cuestión de crecimiento. También se asocia a estabilidad social, seguridad económica y autonomía estratégica en sectores clave.
La contratación pública como palanca
Uno de los pilares del Industrial Accelerator Act es el uso de la contratación pública para impulsar productos industriales europeos con menor huella de carbono. El reglamento introduce criterios obligatorios de emisiones y de origen en las licitaciones, con especial foco en sectores intensivos en energía como acero, cemento y aluminio.
Las administraciones deberán incorporar porcentajes mínimos de contenido europeo y bajo en carbono, con umbrales adaptados a cada producto. En energía eólica, se prevé exigir que al menos uno de los componentes principales sea de origen europeo a partir de un año tras la entrada en vigor de la norma. El sector del automóvil también quedará sujeto a requisitos específicos ligados a la movilidad eléctrica y a componentes considerados estratégicos.
Ayudas públicas vinculadas al “Made in Europe”
La preferencia por el origen europeo no se limita a las compras públicas. El texto contempla que determinados regímenes de ayudas estatales puedan condicionarse al cumplimiento de criterios de descarbonización y origen. La lógica es clara: que los recursos públicos refuercen cadenas de valor industriales dentro del mercado único.
Con este enfoque, Bruselas busca evitar que la transición verde, financiada con fondos europeos y nacionales, termine beneficiando sobre todo a proveedores externos en ámbitos como baterías, renovables o tecnologías limpias.
Más control sobre la inversión extranjera
El proyecto también refuerza la supervisión de inversiones procedentes de terceros países. Los Estados miembros deberán designar autoridades encargadas de examinar y autorizar determinadas operaciones en sectores considerados estratégicos.
Entre las condiciones previstas figura la exigencia de que los productos comercializados por empresas no europeas integren al menos un 50 % de insumos de origen comunitario. El objetivo es garantizar que estas inversiones generen valor añadido real en la UE, con empleo, transferencia tecnológica e integración en las cadenas de suministro.
Menos burocracia para ganar velocidad
Para acelerar nuevos proyectos industriales, el Industrial Accelerator Act introduce medidas de simplificación administrativa. Destaca la creación de un permiso único que agrupará autorizaciones y reducirá plazos de tramitación.
Además, se promoverán clústeres en zonas de aceleración industrial, donde los procedimientos, incluidas las evaluaciones de impacto, se simplificarán para atraer inversiones y facilitar proyectos de gran escala.
Una etiqueta para diferenciar la producción baja en carbono
El paquete se completa con una etiqueta voluntaria de bajo carbono para productos industriales europeos. Este distintivo pretende aportar transparencia y facilitar la comparación en sectores donde medir emisiones resulta complejo.
Con este conjunto de medidas, Bruselas sitúa de nuevo a la industria en el centro de su agenda económica y apuesta por una transición ecológica que consolide la producción dentro de la Unión Europea. El mensaje es directo: menos dependencia y más fabricación propia.
