El comercio de alimentación cerró 2025 con una presión normativa inédita. Pymes y autónomos tuvieron que adaptarse casi a diario a un aluvión de cambios legales que afectaron de forma directa a su operativa. En total, 1.411 regulaciones nuevas o modificadas incidieron en el sector, una intensidad desconocida hasta ahora.
El análisis, elaborado por WorldLex para la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), sitúa a 2025 como máximo histórico en carga regulatoria, incluso mientras desde Bruselas se insiste en la necesidad de simplificar trámites.
Ajustes constantes desde todos los niveles de la administración
A lo largo del año, los comercios alimentarios afrontaron cambios procedentes de todas las capas administrativas, desde ordenanzas municipales hasta reglamentos europeos. La media fue de 3,8 normas al día con impacto directo, lo que obligó a revisar procesos internos, actualizar documentación y reforzar el cumplimiento legal de forma continua.
El informe descarta que se trate de un pico puntual. La tendencia es claramente ascendente desde 2022 y, si se amplía el foco, arranca ya en 2020, durante la pandemia. El contraste es claro: en 2019 el sector tuvo que asumir 476 normas, menos de un tercio del volumen actual.
Europa lidera la producción normativa
Por origen, la Comisión Europea concentró el mayor número de textos en 2025, con 453 normas aprobadas o modificadas, superando incluso el registro del ejercicio anterior. Las administraciones españolas, en conjunto, sumaron 958 disposiciones, resultado de la actividad estatal, autonómica y local.
Dentro del ámbito nacional, las comunidades autónomas encabezaron la producción normativa con 547 normas, seguidas por la Administración central (326) y las entidades locales (85). Este reparto dibuja un marco fragmentado, con obligaciones que a menudo se solapan según el territorio.
Medio ambiente y seguridad alimentaria, en el centro
El medio ambiente fue el ámbito con mayor número de cambios, alrededor de un tercio del total. Aquí se incluyen normas sobre protección ambiental, eficiencia energética o ecodiseño, que impactan en inversiones y procesos operativos.
La seguridad alimentaria ocupó el segundo lugar, con 282 normas, muchas de ellas de origen comunitario. Afectan a cuestiones tan concretas como el almacenamiento, la conservación, el transporte, los controles oficiales o la protección animal. También se registraron cambios relevantes en materia laboral y de gestión empresarial, desde licencias urbanísticas hasta disposiciones vinculadas al uso de inteligencia artificial.
Entre las normas más relevantes para supermercados y mayoristas aprobadas en 2025, Asedas destaca:
- Ley de prevención del desperdicio alimentario
- Ley de movilidad sostenible
- Ley de servicios a la clientela
Todas ellas con impacto directo en procedimientos internos y cargas administrativas.
2026: más normas en el horizonte
De cara a 2026, el informe advierte de nuevas incertidumbres regulatorias. Siguen en tramitación iniciativas que pueden volver a alterar el marco operativo, como el control del fichaje sincronizado con la Inspección de Trabajo, posibles cambios en el salario mínimo o nuevos permisos retribuidos ligados a situaciones familiares.
En el ámbito europeo, el sector observa con atención el avance del Reglamento sobre Deforestación, el Reglamento de Diligencia Debida y los distintos paquetes ómnibus de simplificación normativa. Desde la patronal se subraya un riesgo creciente: la revisión constante de normas ya aprobadas añade complejidad y dificulta la planificación en un sector que opera con márgenes ajustados.
