La tensión entre la inteligencia artificial y los derechos de autor suma un nuevo capítulo. Un grupo de grandes editoriales musicales ha demandado a Anthropic por valor de 3.000 millones de dólares, acusando a la compañía de haber descargado de forma ilegal más de 20.000 obras protegidas. La acción judicial, presentada esta semana en Estados Unidos, está liderada por Concord Music Group y Universal Music Group.
Según la demanda, el material supuestamente descargado sin autorización incluye partituras, letras de canciones y composiciones musicales completas. No se trata de un uso marginal ni de un número reducido de obras. La cifra eleva el caso a una escala inédita dentro de los litigios individuales por copyright relacionados con inteligencia artificial.
Las editoriales sostienen que el perjuicio económico derivado de estas prácticas podría superar los 3.000 millones de dólares. De confirmarse, el proceso se convertiría en uno de los mayores juicios no colectivos por infracción de derechos de autor en la historia judicial estadounidense. El foco no está solo en cuánto se utilizó, sino en cómo se obtuvo ese material.
El equipo legal que impulsa esta demanda no es nuevo en los tribunales. Se trata del mismo despacho que representó a los demandantes en el conocido caso Bartz contra Anthropic, en el que un grupo de autores acusó a la empresa de usar obras protegidas para entrenar modelos como Claude. Aquel proceso sentó un precedente relevante para toda la industria.
En su resolución, el juez federal William Alsup introdujo un matiz clave. Determinó que entrenar modelos de IA con contenido sujeto a derechos de autor puede ser legal, pero dejó claro que no lo es obtener ese contenido mediante piratería. La legalidad del entrenamiento no blanquea el origen ilícito de los datos, una distinción que ahora vuelve al centro del debate.
Como consecuencia del caso Bartz, Anthropic tuvo que hacer frente a una sanción de 1.500 millones de dólares, que se tradujo en compensaciones aproximadas de 3.000 dólares por obra para cerca de 500.000 trabajos afectados. Aunque la cifra fue elevada, no puso en peligro la viabilidad de una empresa valorada actualmente en torno a 183.000 millones de dólares.
El nuevo conflicto nace, en parte, de lo que ocurrió durante la fase de investigación de aquel proceso. Las editoriales musicales aseguran que, al analizar la documentación aportada, descubrieron que el volumen real de obras descargadas era muy superior al inicialmente denunciado. De unas 500 canciones se habría pasado a más de 20.000.
Con esa información, intentaron ampliar la demanda original. El tribunal, sin embargo, rechazó la petición el pasado mes de octubre. El motivo fue procesal: consideró que las acusaciones de piratería masiva no se habían investigado con la suficiente antelación dentro del caso inicial.
Lejos de cerrar el asunto, esa decisión llevó a las editoriales a presentar una demanda independiente, centrada exclusivamente en las descargas ilegales. En este nuevo procedimiento no solo figura Anthropic como entidad demandada. También aparecen señalados Dario Amodei, consejero delegado, y Benjamin Mann, cofundador de la compañía.
El escrito judicial es especialmente duro en su planteamiento. Sostiene que, pese a la imagen pública de Anthropic como empresa centrada en la seguridad y la investigación responsable en IA, parte de su base tecnológica se habría construido a partir de prácticas sistemáticas de piratería. La acusación no es menor, porque cuestiona directamente el origen de los datos sobre los que se entrenan los modelos.
El caso reabre un debate que atraviesa a toda la industria. No se trata solo de si una IA puede aprender de obras protegidas, sino de qué límites existen en la obtención de esos datos. Descargar masivamente contenido sin licencia introduce una diferencia jurídica clara frente a otras prácticas como el uso de fuentes abiertas o acuerdos con titulares de derechos.
Para el sector musical, el conflicto tiene además un componente simbólico. La industria ya vivió una transformación traumática con la digitalización y las descargas ilegales a principios de los 2000. Ahora observa cómo la IA vuelve a tensionar el equilibrio entre innovación tecnológica y remuneración de los creadores.
Más allá de Anthropic, el resultado de este litigio podría tener efectos en cadena. Un fallo desfavorable reforzaría la idea de que no todo vale en la carrera por entrenar modelos más potentes, incluso para compañías con recursos casi ilimitados. También podría acelerar acuerdos de licencia entre empresas de IA y titulares de derechos, encareciendo el acceso a datos de calidad.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede la inteligencia artificial avanzar sin redefinir de forma profunda las reglas del copyright? La respuesta, una vez más, parece que se decidirá en los tribunales.
