El Gobierno ultima un marco legal para contener la fuga de actividad productiva. El objetivo es claro: evitar que compañías beneficiadas con financiación pública trasladen su producción al extranjero en busca de menores costes sin dejar retorno en el territorio.
Condiciones más duras para conservar subvenciones
La futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica establece un compromiso mínimo: cualquier empresa que reciba apoyo económico deberá mantener su actividad en España durante un periodo determinado. Si incumple, tendrá que devolver los fondos. Incluso afectará a las ayudas recibidas en los últimos cinco años.
Además, se introduce una obligación de aviso. Si una compañía planea cerrar una planta o trasladar su actividad industrial, deberá notificarlo con nueve meses de antelación. Durante ese tiempo se abrirá una mesa de reindustrialización con administraciones, sindicatos y la empresa para buscar salidas que limiten el impacto laboral. Ejemplo: recolocar personal o captar nuevos proyectos para la zona.
Mesas de reindustrialización: necesidad o simple formalidad?
Esta herramienta aspira a convertirse en un mecanismo de negociación real. Puede habilitar alternativas que eviten un cierre brusco. Pero también crece el temor a que, sin capacidad ejecutiva suficiente, solo quede en un trámite más dentro del proceso de deslocalización.
El modelo recoge aprendizajes de intervenciones públicas como la gestión del cierre de Nissan en Barcelona, y se fija en experiencias europeas como la legislación francesa que obliga a intentar vender la planta antes del cese definitivo.
Las pymes entran en el radar
Aunque la atención suele dirigirse a grandes corporaciones, las pequeñas y medianas también deberán cumplir compromisos si reciben apoyo público. El texto marca dos años de permanencia para pequeñas empresas, tres para medianas y cinco para grandes. En el caso de ayudas superiores a tres millones de euros en los últimos cinco años, las exigencias se endurecerán.
El Gobierno trata de atajar situaciones detectadas recientemente: proyectos respaldados con fondos para digitalización o innovación que acaban marchándose fuera sin aportar beneficios sostenidos al entorno local.
Choque con Bruselas a la vista
El refuerzo de condiciones podría generar debate en el marco comunitario. La libre circulación de capitales es un principio básico de la Unión Europea. Para limitarla, España deberá acreditar motivos de interés general como la protección del empleo o la cohesión territorial.
Calendario: objetivo, final de año
La aplicación de la ley requerirá mecanismos de seguimiento y transparencia para medir si las mesas de reindustrialización funcionan y logran mantener empleos. La norma encara ya la recta final de su tramitación parlamentaria, con intención de aprobarla antes de que termine el año, aunque de momento está paralizada por falta de apoyos.
Si sale adelante, España contará por primera vez con una regulación estatal que vincula directamente ayudas públicas y permanencia industrial, marcando una línea roja a la deslocalización.
