Telefónica ha activado un nuevo ERE que alcanza a siete filiales en España. La compañía ha trasladado a los tres sindicatos mayoritarios su intención de aplicar un expediente por causas objetivas que afectará a Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica SA, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. El anuncio llega en pleno proceso de desinversiones en Latinoamérica y con una idea clara: concentrar todo el impacto contable en 2025.
La empresa no ha detallado cuántos trabajadores saldrán. Aun así, fuentes conocedoras hablan de una horquilla inicial de entre 6.000 y 7.000 empleados, aunque prevén que esa cifra caiga durante la negociación, como ha sucedido en planes anteriores.
Un calendario que aprieta: 30 días para pactar números y condiciones
La hoja de ruta ya está trazada. Tras la notificación a los sindicatos, se prevé constituir en una semana las mesas de negociación en cada filial. Después empezará un periodo de 30 días para fijar cuántas personas saldrán y en qué condiciones económicas.
Si los plazos se estiran al máximo, el acuerdo podría cerrarse antes de que termine el año. Ese escenario permitiría a la empresa cargar el coste del ERE en el cuarto trimestre de 2025. No sería la primera vez: en el ajuste anterior, comunicado en diciembre de 2023 y firmado el 3 de enero de 2024, los cerca de 1.300 millones de euros de provisión se imputaron finalmente al ejercicio 2023.
Telefónica llega a este proceso con pérdidas de 1.080 millones de euros en los nueve primeros meses del año, impulsadas por minusvalías asociadas a ventas aceleradas en Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú y Colombia. La compañía quiere evitar que el ajuste afecte también a 2026, año que marca el arranque de su plan estratégico Transform & Grow (2026-2030).
El núcleo del recorte: el Convenio de Empresas Vinculadas
El grueso de las salidas se concentrará previsiblemente en las tres sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Las estimaciones iniciales sitúan el recorte entre 4.800 y 5.000 personas, sobre una plantilla conjunta de unas 18.000.
Todo apunta a que la vía principal serán las prejubilaciones, con colectivos muy concretos:
- Nacidos en 1969: salidas en 2026
- Nacidos en 1970: salidas en 2027
- Nacidos en 1971: salidas en 2028
En las demás sociedades afectadas (Telefónica SA, Movistar+, Global Solutions e Innovación Digital), la negociación será más compleja. La dirección quiere ajustar estructuras corporativas; los sindicatos intentan evitar un repunte en los despidos forzosos.
El espejo de 2024: un ERE voluntario… que se quedó corto de plazas
El precedente es claro. El ERE de 2024 en las empresas del Convenio se definió como voluntario para empleados a partir de 55 años, aunque dejaba abierta la puerta a despidos forzosos si no se alcanzaban los objetivos. No fue un proceso tranquilo.
Hubo 3.640 solicitudes para 3.421 plazas. Varios cientos de trabajadores interesados se quedaron fuera. El coste medio por salida rondó los 380.000 euros por empleado, un 18 % menos que en 2021, y el ahorro anual estimado alcanzó los 285 millones.
Si se aplica ese mismo baremo al nuevo ajuste, la factura podría situarse cerca de 2.000 millones de euros, incluyendo las obligaciones sociales derivadas de la cláusula Telefónica, que tras el ERE de 2011 obliga a la operadora a hacerse cargo de prestaciones por desempleo y cotizaciones hasta la jubilación.
Sindicatos en bloque: voluntariedad, universalidad y blindaje hasta 2030
Los sindicatos han desplegado sus demandas. UGT rechaza que la reordenación vuelva a depender de recortes y exige abrir ya las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, con vigencia hasta 2030 para asegurar estabilidad.
Comisiones Obreras insiste en tres ejes: voluntariedad, universalidad y unas condiciones económicas alineadas con los estándares del grupo. Además, recuerda el Marco Social pactado recientemente, que busca unificar los procesos internos en España.
Sumados-Fetico pide que el ERE sea voluntario, universal y no discriminatorio, con una transición clara hacia la jubilación ordinaria y condiciones, como mínimo, equivalentes a las de 2024. También reclama que Telefónica presente un plan concreto para la plantilla que permanezca en la empresa durante el despliegue del nuevo Transform & Grow.
En lo esencial, las tres organizaciones coinciden: el proceso debe ser voluntario y las condiciones, como mínimo, igualar las del año pasado.
El Gobierno marca una línea roja: sin acuerdo no habrá ERE
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha fijado una posición firme. Cualquier ERE deberá contar con acuerdo sindical. Una condición que encaja con las reclamaciones de las organizaciones, que quieren vincular el ajuste tanto a las condiciones económicas como a un entorno de estabilidad laboral hasta 2030.
La negociación empieza ahora. ¿Será posible cerrar un ajuste de este tamaño sin tensar aún más la relación entre la empresa y una plantilla que ya acumula varios procesos similares en menos de una década?
