El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y obligará a las plataformas digitales a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida forma parte de un paquete más amplio de iniciativas con un objetivo claro: reforzar la protección de los menores y poner límites reales al poder de las grandes tecnológicas.
El anuncio se produjo durante su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái. Allí, Sánchez utilizó un tono inusualmente duro al afirmar que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido”, un espacio donde las normas no se aplican con la misma contundencia que fuera del entorno digital. El mensaje fue directo: si no hay control, habrá regulación.
Según explicó el jefe del Ejecutivo, la restricción de acceso para menores ya está incluida en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria. El texto obligará a las plataformas a comprobar de forma efectiva la edad de sus usuarios, dejando atrás los sistemas basados únicamente en una fecha de nacimiento declarada por el propio usuario.
La verificación de edad se convierte así en el eje central del debate. Hasta ahora, un menor podía registrarse en la mayoría de redes sociales con solo marcar una casilla. Con la nueva normativa, ese modelo quedaría obsoleto. El Gobierno no ha detallado aún qué tecnologías se exigirán, pero el principio es claro: si una plataforma no puede verificar la edad, no podrá operar con menores.
España no está sola en este movimiento. El Ejecutivo enmarca la iniciativa dentro de una tendencia europea creciente. Países como Portugal y Francia ya trabajan en regulaciones similares para limitar el acceso de menores a redes sociales y reforzar las obligaciones de las plataformas. La diferencia es que España ha decidido fijar una edad concreta y convertirla en una prohibición expresa, no en una simple recomendación.
Más allá del acceso de los menores, el Gobierno quiere ir un paso más lejos. Sánchez avanzó una reforma legal para acabar con la impunidad de los directivos de las plataformas digitales. La idea es que los responsables de estas compañías puedan responder legalmente si no actúan frente a contenidos ilegales o de odio. Por ejemplo, si una red social mantiene publicaciones ilícitas pese a haber sido advertida, la responsabilidad ya no recaería solo en la empresa, sino también en quienes la dirigen.
Este planteamiento supone un cambio relevante. Hasta ahora, muchas plataformas se han escudado en su papel de intermediarias. Con la nueva propuesta, mirar hacia otro lado dejaría de ser una opción.
El paquete de medidas incluye además la intención de tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales. El foco está en prácticas que, según el Ejecutivo, priorizan la viralidad sobre la legalidad. Un ejemplo habitual es la recomendación automática de contenidos extremos porque generan más interacción, aunque vulneren derechos o fomenten el odio.
Las líneas maestras del plan pueden resumirse en varios puntos clave:
- Prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años.
- Verificación de edad obligatoria y efectiva por parte de las plataformas.
- Responsabilidad legal de los directivos si no se retiran contenidos ilícitos.
- Sanciones por manipulación algorítmica que amplifique contenido ilegal.
El Gobierno defiende que estas medidas no buscan censurar, sino proteger derechos fundamentales en el entorno digital, especialmente los de los menores. La salud mental, la exposición a contenidos nocivos y la presión social derivada del uso intensivo de redes están en el centro del argumento político.
El anuncio sitúa al país en la primera línea del debate europeo sobre el impacto social de las redes sociales.
