La Comisión Europea adoptó el 9 de febrero el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2, que desarrolla las obligaciones previstas en el Reglamento (UE) 2024/1781 sobre productos sostenibles. No es un gesto político. El texto define con precisión cómo deben informar las empresas sobre los productos no vendidos o desechados y eleva el nivel de transparencia en toda la Unión Europea.
A partir de ahora, las compañías tendrán que detallar qué parte de su producción no llega al consumidor. La norma exige reportar el número y el peso de los productos descartados, explicar las causas, como defectos o caducidad, y especificar el tratamiento aplicado, ya sea reciclaje, valorización o eliminación. También obliga a describir qué medidas concretas se adoptan para evitar que esa destrucción vuelva a repetirse.
La aplicación será gradual. En una primera etapa afectará a las grandes empresas y, desde 2030, se ampliará a las medianas. El mensaje es directo: los excedentes dejan de ser un dato interno y pasan a formar parte de los informes corporativos con información verificable.
Aunque el foco mediático se ha puesto en sectores como el textil y el calzado, donde ya está prohibida la destrucción de productos no vendidos, el reglamento no se limita a esos ámbitos. Se dirige a todos los sectores que comercializan bienes de consumo. Una empresa que acumule stock sin salida deberá explicarlo con cifras y con medidas correctoras.
Para el sector biotecnológico, el Reglamento 2026/2 implica ajustes internos y oportunidades industriales. Exige reforzar la trazabilidad de materiales y los sistemas de gestión de datos. Al mismo tiempo, empuja a integrar prácticas circulares desde el diseño del producto hasta el final de su vida útil.
Desde la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) se interpreta este movimiento como la confirmación de que la economía circular ya es una exigencia operativa. La organización sostiene que la biotecnología puede contribuir a reducir desperdicios y revalorizar recursos dentro de la cadena de valor.
En su informe “Biotecnología aplicada en la Transición Verde: Soluciones para una economía sostenible”, AseBio recoge el trabajo de 66 empresas biotecnológicas y 20 entidades públicas y privadas asociadas. En conjunto desarrollan cerca de 600 soluciones orientadas a nuevas formas de producción y consumo alineadas con la transición verde. El documento ofrece una radiografía concreta del ecosistema español en este ámbito.
Uno de los ejes es la biotecnología industrial. Mediante el uso de bacterias, microalgas y otros microorganismos, se pueden transformar subproductos en nuevas materias primas. Un residuo agroalimentario puede convertirse, por ejemplo, en biofertilizante para otro proceso productivo en lugar de terminar como desecho.
Los bioprocesos también permiten generar bioplásticos, biocombustibles, compuestos bioactivos o fertilizantes a partir de materiales descartados. Este enfoque encaja con las obligaciones del reglamento, que no solo pide datos, sino medidas de prevención y valorización.
Otra línea es la sustitución de procesos químicos tradicionales por alternativas basadas en fermentación o biocatálisis. Estas técnicas permiten producir enzimas, ingredientes o materiales bajo condiciones más eficientes en energía y con menor generación de residuos, lo que contribuye a la descarbonización industrial.
El desarrollo de nuevas fuentes de proteína a partir de modelos circulares completa el panorama. El aprovechamiento de subproductos agroalimentarios para obtener alimentos nutritivos responde tanto a la presión sobre los recursos naturales como a la necesidad de reducir desperdicios.
AseBio advierte, no obstante, que para escalar estas soluciones es necesario avanzar en el entorno regulatorio. Señala barreras en ámbitos como la regulación de residuos y subproductos, los novel foods o las licencias medioambientales, que pueden limitar el aprovechamiento circular de determinados materiales.
La asociación también apunta a la financiación. Las pymes necesitan instrumentos adecuados para desarrollar bioplantas o biorrefinerías que permitan llevar estos procesos al mercado. Sin capacidad industrial, la circularidad se queda en el papel.
Con la entrada en vigor del Reglamento 2026/2, la gestión de productos no vendidos deja de ser un asunto periférico. La obligación de reportar datos y aplicar medidas preventivas sitúa la economía circular en el centro de la estrategia empresarial y refuerza el papel de la biotecnología como herramienta para cumplir con este nuevo marco europeo.
