El Gobierno español prevé movilizar entre 600 y 800 millones de euros de financiación pública para respaldar la candidatura de España a una de las grandes gigafactorías de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere desplegar en el continente.
La inversión se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Antes de que el proyecto pueda presentarse formalmente ante Bruselas, deberá recibir la aprobación del Consejo de Ministros y quedar constituido el consorcio público-privado encargado de desarrollar la propuesta.
El Estado tendrá una participación minoritaria en ese consorcio, aunque su aportación será relevante por el volumen de recursos comprometidos. Según las estimaciones del Gobierno, la inversión total del proyecto podría superar los 4.000 millones de euros.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, explicó los principales detalles de la iniciativa durante un encuentro informal con periodistas celebrado en el marco del South Summit, en Madrid.
España quiere entrar en el grupo de las gigafactorías de mayor escala
La Comisión Europea trabaja en un modelo que dividirá las futuras gigafactorías de IA en dos categorías. La primera estará formada por instalaciones de gran tamaño, con una previsión inicial de tres proyectos en todo el continente. La segunda incluirá infraestructuras de menor escala.
La candidatura española aspira a formar parte del primer grupo. El objetivo es que España pueda albergar una de las instalaciones con mayor capacidad de computación previstas dentro de la estrategia europea de inteligencia artificial.
La convocatoria comunitaria se espera para finales de junio o principios de julio, aunque el calendario todavía podría sufrir ajustes. La Comisión Europea continúa concretando las condiciones de participación y la separación de los proyectos en dos niveles.
Antes de presentar la propuesta, España deberá completar varios pasos. El consorcio tendrá que estar formalmente constituido, deberá contar con la aprobación del Consejo de Ministros y tendrá que definir la participación de las empresas privadas interesadas. La composición definitiva del grupo empresarial todavía no se ha detallado.
Madrid y Cataluña aparecen como posibles ubicaciones
Las localizaciones previstas para el proyecto serían Madrid y Cataluña. El Gobierno no ha explicado por ahora cómo se repartirían las instalaciones entre ambos territorios ni qué compañías formarán parte del consorcio.
Una de las empresas que ha mostrado interés en participar es Telefónica. Su director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, Juan Azcue, señaló durante la presentación de los resultados del primer trimestre que la operadora contempla una participación de entre el 10% y el 15%.
La presencia de capital privado será una pieza necesaria para que la candidatura pueda avanzar. Bruselas exige que este tipo de infraestructuras estratégicas se desarrollen mediante consorcios público-privados, por lo que la financiación estatal no será suficiente por sí sola.
Aunque el Gobierno prevé aportar hasta 800 millones de euros, la participación pública será minoritaria. El resto de la inversión deberá proceder de los socios privados que se incorporen al proyecto.
Más capacidad de computación para empresas europeas
El Gobierno vincula la candidatura a su estrategia de soberanía digital y al crecimiento del ecosistema español de inteligencia artificial. La futura gigafactoría estaría orientada a ampliar el acceso a recursos de supercomputación para empresas europeas que no pueden asumir el coste de construir una infraestructura de este tamaño.
Entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial exige una gran capacidad de cálculo. Para muchas compañías, disponer de centros propios con suficiente potencia computacional está fuera de su alcance económico.
La propuesta española busca facilitar que esas empresas puedan desarrollar y entrenar modelos de IA sin depender exclusivamente de recursos tecnológicos externos. El planteamiento no está dirigido a reforzar la capacidad de las grandes compañías estadounidenses, que ya cuentan con inversiones relevantes en servicios de nube e infraestructura propia en España.
¿Qué puede cambiar una gigafactoría de IA para una empresa europea?
Principalmente, el acceso a una capacidad de computación que de otro modo sería demasiado costosa, limitada o difícil de contratar. Estas instalaciones requieren una inversión elevada. No solo por los sistemas de procesamiento necesarios, sino también por las exigencias energéticas, técnicas y operativas asociadas a los modelos de inteligencia artificial de gran escala.
Con esta candidatura, España intenta posicionarse entre los países europeos capaces de albergar una de las infraestructuras tecnológicas más importantes de la próxima etapa de desarrollo de la IA.
