Miles de autónomos y pequeñas empresas vuelven a mirar con preocupación sus facturas energéticas. Las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para contener el impacto de la crisis energética podrían empezar a desaparecer a partir del próximo 1 de junio, justo cuando muchos negocios encaran uno de los periodos con mayor actividad del año.
La posible retirada de estas medidas afectaría especialmente a sectores con un elevado consumo energético, como hostelería, comercio, turismo, transporte o alimentación. Para un restaurante con cámaras frigoríficas funcionando durante todo el día o un pequeño hotel que se prepara para la temporada alta, cualquier incremento en la factura puede alterar completamente los márgenes.
El decreto que condiciona las ayudas energéticas
La continuidad de las rebajas fiscales depende directamente del Real Decreto Ley 7/2026. La norma vinculó parte de las ayudas a la evolución de la inflación y al comportamiento de los precios de la energía en los mercados internacionales.
El planteamiento era claro: mantener las medidas extraordinarias mientras persistiera una situación energética excepcional. Sin embargo, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan una moderación de la inflación energética durante los últimos meses. Ese cambio de escenario abre ahora la puerta a una retirada parcial o total de algunas ayudas antes del verano.
La incertidumbre preocupa especialmente porque llega en un momento delicado para muchos negocios. Junio marca el inicio de la temporada fuerte para bares, restaurantes, alojamientos turísticos y comercios vinculados al turismo. También para empresas de transporte y reparto que siguen trabajando con costes muy ajustados tras varios años de inflación acumulada.
La factura de la luz podría volver al IVA del 21%
Uno de los principales focos de preocupación está en la electricidad. Hasta ahora, determinados autónomos y pequeñas empresas podían beneficiarse de un IVA reducido del 10% en la factura eléctrica frente al tipo habitual del 21%.
La rebaja, sin embargo, nunca se aplicó a todos los negocios. El decreto limitó el acceso a suministros con una potencia contratada inferior a 10 kW, dejando fuera a numerosos establecimientos con necesidades energéticas más elevadas.
En la práctica, la ayuda benefició sobre todo a microempresas, pequeños despachos profesionales y autónomos que trabajan desde casa. Según estimaciones del sector energético, el ahorro podía situarse alrededor de 10 euros por cada 100 euros de consumo eléctrico.
Puede parecer una diferencia limitada sobre el papel, pero para muchos pequeños negocios supone un gasto acumulado importante a final de mes. En sectores donde cada euro cuenta, la energía vuelve a convertirse en un factor crítico.
El gas mantiene un impacto mucho más amplio
El escenario del gas natural es distinto. En este caso, la reducción del IVA sí tuvo un alcance generalizado, pasando temporalmente del 21% al 10% para todos los consumidores, sin restricciones por potencia ni volumen de consumo.
La medida resultó especialmente relevante para actividades con alta dependencia energética, como lavanderías, obradores, hoteles o restaurantes. Muchos de estos negocios consiguieron aliviar parte de la presión sobre sus costes operativos en un contexto marcado por el encarecimiento energético.
Además de la rebaja fiscal, el marco excepcional permitió flexibilizar contratos energéticos. Algunas empresas pudieron ajustar potencias contratadas o adaptar consumos sin afrontar penalizaciones extraordinarias, algo que ayudó a contener gastos durante los momentos más tensos de la crisis.
Ahora, todas esas ventajas vuelven a quedar pendientes de la decisión final del Ejecutivo. Y la inquietud empieza a crecer entre miles de pequeños empresarios que temen afrontar otra subida de costes justo antes del verano.
El combustible también podría subir desde julio
La incertidumbre energética no afecta únicamente a la luz y el gas. Los carburantes también podrían encarecerse en las próximas semanas si el Gobierno no aprueba una nueva prórroga fiscal. El Ejecutivo redujo temporalmente el IVA aplicado a gasolina y gasóleo del 21% al 10%, aunque en este caso las ayudas seguirían vigentes, en principio, hasta el 30 de junio.
Si no se amplían las medidas, el impacto comenzaría a notarse a partir de julio. Los sectores más expuestos serían transporte, logística, reparto, agricultura y pesca, actividades donde el combustible representa una parte esencial de los costes diarios.
Algunas ayudas específicas continúan activas. Entre ellas destaca la bonificación de 20 céntimos por litro dirigida a transportistas, agricultores y pescadores, sectores que llevan meses reclamando más apoyo ante el aumento de costes operativos.
Gestha apuesta por ayudas más dirigidas
Desde Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, consideran que las rebajas generalizadas del IVA sobre la energía tienen un carácter temporal y paliativo. Aun así, defienden la posibilidad de mantener mecanismos de apoyo más focalizados para los sectores más vulnerables. Entre las propuestas planteadas aparecen:
- Ayudas directas para actividades con alto consumo energético.
- Incentivos para mejorar la eficiencia energética.
- Medidas orientadas al autoconsumo empresarial.
El objetivo sería reducir la dependencia de rebajas fiscales masivas y centrar los recursos públicos en las actividades más expuestas al aumento de costes. Mientras tanto, miles de autónomos y pequeñas empresas siguen pendientes de una decisión que puede afectar de forma directa a su tesorería en plena campaña de verano.
Porque después de varios años de inflación, aumento de suministros y márgenes bajo presión, la energía amenaza con volver a convertirse en uno de los grandes problemas económicos para buena parte del tejido empresarial español.
