El Ministerio de Trabajo prepara un giro normativo con efectos directos sobre autónomos y pequeñas empresas. En las próximas semanas, la ministra Yolanda Díaz impulsará un real decreto que prohibirá utilizar los complementos salariales para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Se trata de una práctica legal hasta ahora, habitual en muchos sectores, y cuyo fin tendrá un impacto económico relevante. Según las propias estimaciones del departamento, el cambio supondrá un coste medio adicional de unos 3.000 euros al año por trabajador, sin incluir cotizaciones sociales.
La cifra no es menor. Parte de un incremento medio de 234 euros mensuales en los salarios de los empleados que perciben el SMI. Este aumento se suma a la subida del 3,1% del salario mínimo acordada recientemente entre el Gobierno y los sindicatos, un pacto cerrado sin el apoyo de la patronal. Para muchas pymes, el efecto no será puntual, sino acumulativo, al fijar una base salarial más alta sobre la que se aplicarán futuras revisiones.
El calendario está ya definido. El Ejecutivo prevé aprobar dos reales decretos a mediados de febrero. El primero aplicará la nueva cuantía del SMI con carácter retroactivo desde enero de 2026. El segundo abordará de forma específica la prohibición de la absorción y compensación de complementos salariales, un mecanismo que hasta ahora permitía ajustar el salario base cuando subía el mínimo legal sin que el coste total creciera en la misma proporción.
Desde el Ministerio de Trabajo se defiende que esta práctica perjudica a los trabajadores. En un comunicado oficial, la ministra llegó a calificarla de “mala praxis”. El planteamiento supone un cambio relevante, ya que la absorción de complementos está recogida en el Estatuto de los Trabajadores y ha sido avalada en numerosas ocasiones por el Tribunal Supremo, siempre que el convenio colectivo no disponga lo contrario. El nuevo decreto romperá, por tanto, con un marco jurídico consolidado.
El funcionamiento del sistema hasta ahora era sencillo. Muchos empleados perciben un salario base inferior al SMI, que se completa con distintos pluses, como los de convenio, antigüedad, nocturnidad o productividad. Cuando el SMI subía, esos complementos podían utilizarse para alcanzar el nuevo mínimo sin necesidad de elevar el salario base. Con la nueva norma, ese ajuste dejará de ser posible. El salario base deberá llegar por sí solo al SMI y los complementos se sumarán íntegramente.
Según los cálculos del propio Ministerio, este cambio implica que, además del incremento oficial del SMI, los salarios crecerán de media esos 234 euros adicionales al mes que antes podían absorberse. En términos anuales, el impacto supera los 3.000 euros por trabajador, una cifra especialmente sensible para autónomos con uno o dos empleados, donde cada euro cuenta en la cuenta de resultados.
El golpe será más visible en sectores con márgenes ajustados y alta presencia de salarios mínimos, como el comercio, la hostelería, la limpieza, el transporte o los cuidados. En estos ámbitos, la absorción de complementos ha sido una herramienta clave para encajar las sucesivas subidas del SMI sin trasladar de golpe todo el coste al empleador. Con la nueva norma, esa válvula de ajuste desaparece.
A este sobrecoste hay que añadir un elemento adicional. Las cifras difundidas por Trabajo no incluyen el aumento de las cotizaciones sociales, que crecerán al elevarse la base salarial. En la práctica, el coste final para el empleador será superior al estimado oficialmente, un factor que incrementa la inquietud entre autónomos y pequeños empresarios.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos tampoco incorpora medidas compensatorias reclamadas por las organizaciones empresariales. Quedaron fuera de la negociación propuestas como rebajas fiscales, ajustes en las cotizaciones o la indexación de los contratos públicos a la subida del SMI. Para la patronal, la decisión ignora sus principales líneas rojas y traslada todo el impacto a las empresas.
Más allá del efecto inmediato, los expertos advierten de un problema de fondo. Cada nueva subida del SMI partirá de una base salarial más elevada, sin margen para absorber complementos, lo que rigidiza los costes laborales de forma permanente. En los negocios más pequeños, donde la capacidad de adaptación es limitada, este escenario puede frenar contrataciones o forzar ajustes de plantilla. La norma aún no está aprobada, pero sus cifras ya anticipan un debate que promete ser intenso.
