Australia activará el próximo mes una de las normas más estrictas del mundo: prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La ley obliga a las plataformas a verificar la edad de cada usuario con métodos considerados “fiables”, algo que pone contra las cuerdas a servicios con una base juvenil amplia. Para Snap, que gestiona Snapchat, el impacto es notable: en el país operan unos 440.000 usuarios de entre 13 y 15 años.
El Gobierno sostiene que la verificación ya no puede depender solo de declaraciones voluntarias. Y la industria sabe que esta vez el margen para retrasar cambios es mínimo.
La banca entra en el ecosistema de verificación
Snap empezará esta semana a contactar a los usuarios australianos para que elijan entre varias vías de verificación. La opción central será ConnectID, una herramienta usada por los principales bancos del país. El sistema solo confirma si alguien supera los 16 años, sin compartir otros datos financieros, pero introduce un elemento nuevo: el sector bancario como intermediario en controles de edad digitales.
Aunque la compañía argumentó ante el regulador que Snapchat es una app de mensajería y no una red social, el Ejecutivo rechazó esa interpretación. Snap, pese a no compartirla, aplicará la nueva norma.
Rutas biométricas y documentos oficiales
La empresa añadirá dos métodos adicionales gestionados por k-ID, firma con sede en Singapur especializada en verificación de edad. Los usuarios podrán optar por:
• Una estimación biométrica a partir de una selfie.
• La carga de un documento de identidad verificado por la propia k-ID.
El sector se adelanta a un régimen de multas contundente
Las compañías que no cumplan antes del 10 de diciembre se exponen a sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos. Ante ese riesgo, otras plataformas ya están adaptando sus sistemas. Meta, matriz de Instagram, Facebook y Threads, anunció que empezará a desactivar cuentas que no pasen el filtro antes de la fecha límite.Un laboratorio para el futuro de la identidad digital
Australia se convierte así en un territorio de pruebas global para evaluar hasta dónde pueden llegar los controles de edad sin ampliar el riesgo para la privacidad. La combinación de bancos, biometría y documentos oficiales marca un nuevo capítulo en la relación entre plataformas, gobiernos y usuarios que buscan proteger a los menores sin ceder más datos de los necesarios.
