La Confederación Española del Comercio (CEC), que reúne alrededor de medio millón de tiendas en todo el país, exige más medidas al Ministerio de Consumo con el fin de proteger a los pequeños negocios españoles frente a los productos de bajo precio y las falsificaciones procedentes de tiendas como Shein y Temu.
Según explicó el presidente de la CEC, Rafael Torres, los comercios españoles están muy vigilados y deben ajustarse a normas estrictas. En cambio, sienten que las plataformas que venden desde otros países funcionan con menos controles.
La principal queja se centra en los productos que valen menos de 150 euros, que hasta ahora no pagan aranceles al entrar en la Unión Europea, algo que supone una desventaja clara para el pequeño comercio a la hora de competir. Por suerte, esta situación está a punto de cambiar. Desde Bruselas acaban de aprobar adelantar a 2026 la aplicación de nuevas tasas para este tipo de envíos. Según los datos europeos, el 91% de los envíos afectados provienen de plataformas como Shein, Temu o AliExpress.
Las ofertas engañosas complican aún más el panorama
A la preocupación por las falsificaciones y la falta de aranceles se suma otro problema: las rebajas que no lo son. El Ministerio de Consumo ya sancionó el año pasado a varias empresas por aplicar descuentos falsos durante el Black Friday. Esta práctica se basa en subir los precios antes de anunciar supuestas rebajas. Los pequeños comercios aseguran que ellos no pueden actuar así, porque la normativa es clara y deben cumplirla punto por punto.
Las marcas también ven con preocupación esta situación. La Asociación para la Defensa de la Marca insiste en que la Ley Europea de Servicios Digitales debe aplicarse con firmeza para obligar a las plataformas a retirar productos ilegales. La organización pide que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga más capacidad para intervenir cuando aparezcan artículos sospechosos.
El ejemplo de Francia llama la atención
Los comercios piden al Gobierno de España que actúe cuanto antes y siga el ejemplo de Francia, donde ya se decidió aplicar medidas mucho más duras. Allí el Gobierno inició acciones legales contra Shein. Restringió su publicidad e impuso sanciones a la compañía tras detectar casos graves relacionados con la venta de falsificaciones y artículos ilegales.
El Parlamento francés también aprobó un impuesto fijo de dos euros para cada paquete de menos de 150 euros que llegue desde países de fuera de la Unión Europea. Con esta decisión buscan frenar el aluvión de pedidos y garantizar controles más sólidos.
El comercio local español no pretende frenar la venta online ni eliminar a la competencia. Lo que busca es un terreno más justo y equilibrado, donde todas las empresas tengan que seguir las mismas normas y los mismos controles. Las tiendas locales viven de la cercanía y la confianza de sus clientes, pero necesitan un entorno justo para poder entrar en la competencia. Ahora esperan que el Gobierno actúe y aporte claridad y más seguridad para todos.
