El senador Bernie Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Jeff Merkley han presentado el Ban Flock Act, una propuesta legislativa que busca prohibir a las agencias federales estadounidenses el uso de lectores automáticos de matrículas y el acceso a datos recogidos por sistemas operados por policías locales o empresas privadas. Aunque el nombre apunta a Flock, el texto se dirige de forma amplia a los sistemas ALPR.
Flock Safety se ha convertido en el símbolo de una red de cámaras que identifica matrículas y permite búsquedas sobre desplazamientos. Sus defensores la presentan como una herramienta para resolver delitos y localizar vehículos vinculados a investigaciones. Sus críticos la ven como una infraestructura de vigilancia masiva que registra a personas que no han cometido ningún delito y crea bases de datos con movimientos cotidianos.
El debate muestra cómo la IA aplicada a seguridad pública está pasando de compras municipales discretas a una cuestión nacional de derechos civiles. Las cámaras no solo capturan imágenes. Combinadas con reconocimiento, bases de datos y análisis automatizado, permiten reconstruir patrones de movilidad, visitas a lugares sensibles o relaciones entre personas y territorios.
La propuesta permitiría excepciones para peajes y para usos autorizados expresamente por el Congreso, siempre con límites estrictos de retención de datos. También busca condicionar financiación federal a estados y gobiernos locales que utilicen estas tecnologías. Esa vía presupuestaria es relevante porque muchos despliegues de vigilancia crecen con subvenciones, contratos locales y acuerdos de intercambio de datos poco visibles para el ciudadano.
Para las empresas tecnológicas, el mensaje es incómodo: vender eficiencia a administraciones no basta si el producto escala hacia vigilancia persistente. Una herramienta que ayuda a encontrar un coche robado puede terminar integrada en redes más amplias de seguimiento. El valor operativo y el riesgo democrático nacen del mismo elemento: datos recogidos de forma constante sobre espacios públicos.
La presión contra los lectores de matrículas no viene solo de un bloque ideológico. En varios estados y ciudades estadounidenses, el rechazo mezcla preocupaciones progresistas por privacidad, críticas libertarias al poder estatal y recelos locales ante contratos firmados sin suficiente debate. Ese cruce político aumenta las posibilidades de que la regulación avance, aunque una prohibición federal completa seguirá encontrando resistencia.
El caso tiene eco para Europa. La regulación europea de protección de datos ya impone límites más exigentes al tratamiento de información personal, pero los sistemas de videovigilancia inteligente y lectura de matrículas también existen en entornos urbanos, carreteras y recintos privados. La cuestión práctica será cómo auditar finalidades, plazos de conservación, accesos y cesiones entre administraciones.
Las compañías que desarrollan vigilancia con IA tendrán que adaptarse a un mercado más vigilado por legisladores y jueces. Diseñar productos con minimización de datos, retención corta, registros de acceso y controles independientes puede dejar de ser un argumento reputacional y convertirse en requisito comercial.
El Ban Flock Act no decide por sí solo el futuro de estas cámaras, pero sí cambia el marco político. La vigilancia automatizada ya no se discute como una compra técnica de policía local, sino como una infraestructura pública con impacto directo sobre privacidad, movilidad y confianza institucional.
