El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha solicitado 30,3 millones de dólares durante cinco años para desarrollar un programa de detección de mentiras apoyado en inteligencia artificial. MIT Technology Review informó de que la iniciativa, llamada Polygraph+ o Polygraph Next, aparece en una petición presupuestaria de la Defense Counterintelligence and Security Agency. The Next Web también recogió el plan y lo situó dentro de una nueva generación de biometría aplicada a seguridad.
La idea consiste en modernizar el polígrafo con modelos de aprendizaje automático y sensores capaces de leer señales fisiológicas sin contacto directo. En vez de depender solo de cables, presión arterial o respiración medida de forma tradicional, el sistema buscaría combinar distintas señales en una puntuación. Sobre el papel, eso promete rapidez y escalabilidad. En la práctica, abre una discusión compleja.
La IA no convierte automáticamente el polígrafo en una ciencia exacta, y esa es la tensión central del proyecto. La detección de mentiras lleva décadas siendo cuestionada por expertos, tribunales y científicos. Añadir modelos a datos fisiológicos puede mejorar ciertos patrones, pero también puede dar una apariencia de precisión a una medición que sigue siendo incierta.
El contexto importa. El Pentágono gestiona credenciales, investigaciones internas y procesos de seguridad nacional donde una decisión errónea puede afectar carreras, derechos y acceso a información sensible. Un falso positivo puede castigar a una persona inocente. Un falso negativo puede dejar pasar un riesgo. En ambos casos, automatizar parte del juicio exige estándares de validación muy altos.
Los defensores de este tipo de herramientas argumentan que la IA puede combinar más señales que un examinador humano y detectar patrones difíciles de manipular. Los críticos responden que nerviosismo, estrés, cultura, discapacidad, medicación o contexto pueden alterar esas señales sin que exista engaño. El problema no es solo técnico, sino institucional: quién revisa el resultado y qué peso tiene en una decisión final.
El caso del Pentágono anticipa una pregunta que también llegará a empresas: qué decisiones sensibles pueden delegarse en biometría algorítmica y cuáles requieren límites estrictos. Recursos humanos, banca, seguros, fronteras, prisiones y comercios ya exploran herramientas que leen voz, rostro, comportamiento o movimiento.
Europa observará este tipo de programas con especial atención por el marco del AI Act. Los sistemas biométricos y de evaluación de personas entran en categorías de riesgo elevadas o directamente prohibidas en ciertos usos. Aunque el proyecto sea estadounidense, sus efectos normativos pueden influir en proveedores globales y en debates sobre seguridad, vigilancia y derechos fundamentales.
Para empresas tecnológicas, la oportunidad de mercado es evidente. Defensa y seguridad pública pueden financiar sensores, modelos, software de análisis y servicios de integración. Pero la reputación también está en juego. Una herramienta presentada como detector de mentiras puede terminar asociada a sesgos, opacidad o abusos si no demuestra rendimiento robusto y supervisión humana real.
La lección empresarial es que la IA de alto riesgo necesita pruebas independientes, documentación y canales de apelación antes de llegar a decisiones sobre personas. Sin esa base, la automatización puede acelerar procesos que deberían volverse más prudentes, no más rápidos.
