Meta vuelve a los tribunales por la seguridad de menores, esta vez en un caso que podría afectar a elementos centrales de Facebook e Instagram. Un juicio civil federal en Oakland enfrenta a la compañía con fiscales de 29 estados de Estados Unidos, que la acusan de diseñar productos adictivos para jóvenes, ocultar riesgos y recopilar datos de menores de 13 años sin consentimiento parental. Meta niega las acusaciones y defiende sus herramientas de seguridad.
El caso es relevante porque no se limita a una multa: los demandantes buscan cambios operativos que podrían modificar funciones clave de las plataformas. Wired, AP y otros medios han señalado que las acusaciones se apoyan en leyes de protección al consumidor y en COPPA, la norma federal de privacidad infantil. Los estados quieren demostrar que Meta conocía daños potenciales y aun así priorizó crecimiento, engagement y monetización publicitaria.
El testimonio del exempleado Arturo Béjar ha dado fuerza mediática al juicio. Según AP y The Guardian, Béjar sostuvo que Instagram adoptó una actitud de no preguntar y no mirar demasiado ante usuarios menores de 13 años, y criticó que los incentivos internos favorecieran el tiempo de uso por encima de la seguridad. Meta cuestiona esa lectura y sostiene que ha invertido en herramientas de control, límites y bloqueo de cuentas no permitidas.
La demanda se inscribe en una ola más amplia de litigios contra redes sociales. AP ha documentado acciones de estados, distritos escolares y particulares contra Meta, TikTok, Snap y YouTube por daños a menores, salud mental y prácticas de diseño. En paralelo, el acuerdo de 400 millones de dólares de TikTok con el Departamento de Justicia por privacidad infantil refuerza la idea de que el foco regulatorio se está desplazando hacia niños y adolescentes.
La economía de la atención afronta una prueba legal: si ciertas funciones maximizan uso en menores, los tribunales pueden tratarlas como riesgo de producto, no solo como elección del usuario. Elementos como scroll infinito, notificaciones, recomendaciones algorítmicas o métricas sociales pueden pasar de ser herramientas de crecimiento a convertirse en pruebas de diseño problemático.
Para Meta, el riesgo financiero es considerable, pero el riesgo estratégico puede ser mayor. Si el caso termina en obligaciones de rediseño, la compañía tendría que ajustar cómo detecta menores, cómo limita recomendaciones, qué datos recoge y qué controles ofrece por defecto. Eso afectaría publicidad, medición, retención y crecimiento en un segmento que las plataformas consideran crítico para su futuro.
El juicio también plantea una cuestión de prueba. No basta con afirmar que una red social genera adicción o daño. Los demandantes deben conectar diseño, conocimiento interno, conducta empresarial y efectos en usuarios. Meta, por su parte, intentará separar correlación de causalidad, destacar herramientas existentes y defender que el uso de redes depende de múltiples factores familiares, sociales y personales.
En Europa, el caso será observado con atención. El Reglamento de Servicios Digitales ya impone obligaciones especiales a plataformas muy grandes, incluida la evaluación de riesgos sistémicos y la protección de menores. Si Estados Unidos avanza por vía judicial hacia rediseños obligatorios, las plataformas globales podrían terminar aplicando cambios de forma más amplia para evitar fragmentación operativa.
La batalla de Meta anticipa una nueva etapa para redes sociales: la seguridad infantil deja de ser una pestaña de configuración y pasa a formar parte del núcleo del producto. Para creadores, anunciantes y empresas que usan estas plataformas, los cambios pueden alterar alcance, segmentación y métricas. Para los reguladores, el juicio ofrece una pregunta más profunda: cuánto diseño persuasivo puede tolerarse cuando la audiencia incluye menores.
